Ecuador dio un paso clave en la lucha contra el lavado de activos al definir una hoja de ruta nacional hasta el año 2030, enfocada en fortalecer los controles financieros y enfrentar el financiamiento de actividades ilícitas.
Esta estrategia se enmarca en el Plan Nacional de Acción Estratégico 2026–2030, aprobado por el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos (CONCLAFT), el cual fue diseñado a partir de la Evaluación Nacional de Riesgos del país.
El plan será ejecutado mediante acciones anuales con seguimiento permanente, y busca mejorar la coordinación entre instituciones del Estado para combatir de forma más efectiva los flujos financieros ilegales.
Nuevas reglas y controles
Como parte de esta estrategia, el Gobierno también puso en vigencia un nuevo reglamento a la Ley de Prevención del Lavado de Activos, que introduce cambios importantes en el sistema financiero y económico.
Entre los principales ajustes están:
- Refuerzo de las obligaciones para bancos y sectores económicos
- Mayor control y análisis de operaciones inusuales o sospechosas
- Aplicación de un enfoque basado en riesgos
- Fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
Estas medidas buscan cerrar brechas utilizadas por redes criminales para mover dinero ilícito dentro del sistema económico.
Coordinación y control estatal
Uno de los cambios más relevantes es la creación del CONCLAFT, un organismo que articula a distintas entidades del Estado para mejorar la respuesta frente al lavado de activos y el financiamiento del delito.
Además, se mantienen restricciones como los límites al uso de efectivo y se habilitan mecanismos para la inmovilización de fondos sospechosos, lo que permite actuar con mayor rapidez ante posibles delitos financieros.
Alineación internacional
El plan y las nuevas regulaciones están alineados con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que busca fortalecer la credibilidad del país y su capacidad para enfrentar el crimen organizado a nivel global.
Este avance se da en un contexto donde el Gobierno ha intensificado su lucha contra las economías criminales, vinculadas al narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada, que utilizan el sistema financiero para legitimar recursos ilícitos.