La Cárcel del Encuentro, el proyecto más ambicioso de la política de seguridad del presidente Daniel Noboa, comenzó a operar ayer lunes 10 de noviembre de 2025 con la llegada de sus primeros reclusos.
Levantada en Santa Elena bajo estrictas medidas de sigilo, la prisión simboliza el endurecimiento del Gobierno frente al crimen organizado y busca proyectar una imagen de control total en vísperas del referéndum del próximo domingo 16, donde el mandatario se juega su capital político.
El operativo de traslado se ejecutó sin previo aviso y bajo un fuerte resguardo militar. Noboa presentó esta cárcel como el emblema de su gestión en materia de seguridad, siguiendo la línea del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su modelo de “mano dura”. La inauguración ocurre en un contexto de alta tensión política, con el Ejecutivo apostando por exhibir resultados tangibles en el combate a la violencia, uno de los principales reclamos ciudadanos.
Cuando asumió el poder en 2023, Noboa prometió construir dos prisiones de máxima seguridad inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. Solo una se concretó: la de Santa Elena. La segunda, planificada en la provincia amazónica de Napo, fue cancelada por la resistencia de las comunidades locales, que denunciaron afectaciones ambientales y falta de consulta previa.
El nuevo penal se levanta sobre 16,2 hectáreas en una zona aislada y boscosa, a una hora de Guayaquil. Santa Elena nunca había tenido una cárcel. La comunidad más cercana, Bajada de Chanduy, mantiene un litigio judicial al asegurar que el terreno pertenece a su jurisdicción y planea acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alrededor del complejo se instalaron inhibidores de señal para evitar sobrevuelos de drones o comunicaciones no autorizadas.
El centro tiene capacidad para 736 internos distribuidos en tres módulos: alta, máxima y supermáxima seguridad. El último cuenta con celdas individuales para los presos considerados más peligrosos. Los primeros reclusos ingresaron con la cabeza rapada y uniformes naranjas, bajo un despliegue militar que recordó las imágenes del modelo carcelario salvadoreño.
La obra costó USD 52 millones y fue ejecutada por la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria del grupo español Puentes, vinculado a la estatal china CRBC. Aunque la construcción no está totalmente terminada, el Gobierno aceleró su apertura para mostrar resultados antes de la consulta.
La inauguración de la cárcel se convierte así en una vitrina política para Noboa, decidido a consolidar su discurso de “orden y autoridad” frente a la crisis de inseguridad que golpea al país.