La Comisión de Fiscalización denunció que el Pleno de la Asamblea Nacional se atribuyó facultades ajenas y actuó de manera ilegal al archivar los juicios políticos contra la fiscal general Diana Salazar.
En un comunicado publicado la mañana de este miércoles 11 de septiembre, la Comisión aseguró que el Pleno se atribuyó facultades que le corresponden exclusivamente a la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Según el comunicado, el Pleno violó el artículo 180, literal 1, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual establece que solo la Comisión de Fiscalización tiene la competencia para acumular juicios políticos, siempre mediante previa votación.
La Comisión subrayó que, aunque no se aprobó el juicio presentado por la asambleísta Gissella Garzón, el juicio impulsado por el legislador Héctor Valladarez aún estaba vigente y debía ser tratado conforme a la prelación que dicta la ley.
La Comisión criticó la actuación del Pleno, señalando que estas acciones desconocen sus competencias exclusivas y violan tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que otorga a la Comisión la facultad de calificar, acumular y decidir el tratamiento de los juicios políticos.
