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La Fiscalía General del Estado emitió un dictamen acusatorio en el marco del caso denominado Blanqueo Fito, contra José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, exlíder de la organización criminal Los Choneros, y 16 personas adicionales vinculadas a su entorno familiar y empresarial, por el presunto delito de lavado de activos.
Según el dictamen presentado por la Fiscalía, la red acusada habría movido $25,8 millones entre 2016 y 2023 a través de múltiples esquemas de legitimación de capitales. Los fondos, presuntamente, se originaron en actividades delictivas como narcotráfico, microtráfico, secuestro, extorsión, sicariato, cobros en cárceles y robos cometidos por estructuras criminales bajo el control de Fito.
El dictamen señala que, para encubrir el origen ilícito de esos recursos, se utilizaron cuatro empresas identificadas como fachada: Iris Limpieza, Jomavi, Queen Water y Ferro Mundo, que habrían servido para registrar operaciones financieras, movilizar dinero e integrar capitales al sistema financiero formal.
Personas acusadas y situación procesal
Además de Fito, quien se encuentra detenido en una prisión en Brooklyn (Estados Unidos) tras su extradición en julio de 2025, la Fiscalía acusó a su esposa Mariela Peñarrieta, sus hijos Michelle y Adolfo Macías, dos hermanos, tres cuñados, su padre y su madre, así como a Verónica Briones, relacionada sentimentalmente con el cabecilla criminal.
Entre los acusados, algunas personas se encuentran detenidas en Ecuador, mientras que su esposa e hijos mayores están prófugos. La Fiscalía solicitó a la jueza correspondiente que se ordene el llamado a juicio ordinario para que este grupo sea juzgado y, en caso de existir culpabilidad comprobada, sentenciado por un tribunal penal.
Antecedentes del caso
El proceso conocido como Blanqueo Fito ha sido objeto de investigación y seguimiento desde 2025, cuando la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron operativos en varias provincias del país —incluyendo Guayas, Pichincha y Manabí— con allanamientos, detenciones y la incautación de bienes vinculados a la red familiar de Fito.
Una jueza especializada en delitos financieros ya había validado todo lo actuado en el proceso, permitiendo que la Fiscalía avance hacia la etapa de acusación formal contra los implicados.
La magnitud del caso y el monto involucrado lo sitúan como uno de los procesos penales más relevantes en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado en Ecuador, reflejando la complejidad de las estructuras utilizadas para integrar capitales ilícitos en actividades económicas formales.
