El Consejo de la Judicatura, dirigido por Mario Godoy, decidió anular el concurso para la elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, con tres votos a favor. Con ello, todo vuelve al inicio y tomará casi un año elegir a los nuevos magistrados, desde la elaboración de los reglamentos, hasta la aplicación de las pruebas de confianza y de conocimiento.
Eso implica que los vocales actuales no alcanzarán a ejecutar la designación, porque su periodo concluye en enero de 2025, aunque el concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para reemplazarlos no ha avanzado.
Este enredo ocurre a la par de las críticas y aplausos de expertos en derecho sobre la decisión de la Judicatura de declarar la nulidad del procedimiento.
¿El concurso debió suspenderse?
El pasado 21 de noviembre de 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la total insanable nulidad del concurso para seleccionar a jueces y conjueces. Según la institución, la decisión se toma porque encontraron anomalías graves en la calificación de los participantes.
El presidente Godoy tuvo el respaldo de los consejeros Solanda Goyes y Merck Benavides, quienes consideraron que era necesario empezar de nuevo para garantizar la confianza ciudadana en una selección trasparente. Sin embargo, la vocal Yolanda Yupangui no estuvo de acuerdo con ese planteamiento, aseguró que el concurso ya se había retrotraído y que con esa acción era suficiente para avanzar.
El Pleno decidió remitir a las unidades fiscalizadoras correspondientes, al interior del Consejo y en la Contraloría, para que investiguen y determinen por qué se inobservó un llamado de atención que entregó una participante.
Según Godoy, el 1 de julio de 2024, cuando todavía no era Presidente, Mayté Benítez pidió una audiencia para exponer errores en la fase de méritos del concurso, pero el exdirector general archivó el proceso sin una respuesta. Nuevamente, el pedido llega el 8 de julio y reitera la solicitud el 16 de septiembre.
En octubre, el nuevo director pidió información y desde la Dirección de Talento Humano se reportó novedades en la validación, calificación y recalificación. Con base en esas observaciones, se ordenó una revisión aleatoria de calificaciones y se encontraron irregularidades.
El abogado penalista, exdecano de Jurisprudencia fe la Universidad Central del Ecuador, Ramiro García, considera que la nulidad del concurso implica la pérdida de los recursos invertidos en el proceso anterior.
Recuerda que es el segundo concurso que se declara fallido, el primero fue bajo la gestión de Wilman Terán, sentenciado en primera instancia por el caso Metástasis. Considera que los académicos y abogados respetables y con trayectoria dudarán al momento de participar en el concurso, como postulantes o como expertos; de hecho, en este último concurso, García participó en la elaboración del banco de preguntas, pero asegura que no será posible volver a confiar.
Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, en cambio, cree que no era posible subsanar los problemas hallados en el concurso porque no había manera de garantizar que los jueces electos sean los más calificados.
Dice que las alertas se conocieron desde hace mucho tiempo, por lo que cree que desde la primera evaluación debió anularse.
