Los métodos de cobro de deudas en el país continúan sin freno, especialmente a través de llamadas telefónicas fuera del horario de oficina y durante los fines de semana. Sin embargo, ahora se está cruzando una línea peligrosa, violando la privacidad de las personas y dañando su reputación.
Las notificaciones ya no se limitan al correo electrónico del deudor, sino que están siendo enviadas a su círculo cercano: jefes, compañeros de trabajo y amigos, en un intento por forzar el pago de las deudas.
Un claro ejemplo ocurrió el pasado 14 de noviembre, cuando Pablo (nombre protegido) recibió un correo de una empresa de cobranzas, que le informaba sobre su deuda con el Banco del Pacífico.
El mensaje indicaba que la deuda había sido transferida a un consultorio jurídico y que debía cancelarla en un plazo máximo de 48 horas. Lo alarmante fue que, además de Pablo, el correo fue enviado a sus jefes y compañeros de trabajo.
Este tipo de abusos no son nuevos, y que, ante la creciente preocupación, hace dos años y medio se reformó la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor para establecer límites claros en cuanto a las prácticas de cobranza.
La ley establece sanciones y establece que solo el deudor, el codeudor o el garante pueden ser contactados, advirtiendo que cualquier intento de contactar a personas ajenas a la deuda, como familiares o compañeros de trabajo, es una práctica de hostigamiento.
