El cuerpo de Rubén Cherres Faggioni, quien fue asesinado el viernes 31 de marzo en Punta Blanca, provincia de Santa Elena, no había sido retirado de la morgue hasta las 15:15 de este lunes 3 de abril, según confirmó una fuente policial.
Ningún familiar o amigo de Cherres se ha acercado hasta la morgue para reclamar el cadáver.
El hombre, que estuvo implicado en la presunta trama de corrupción en empresas públicas que originó el juicio político planteado contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, fue acribillado junto a tres personas, entre ellas su novia, Joseline Rivadeneira, de 30 años.
De hecho, la policía sospecha que los asesinos localizaron al grupo por los videos que la joven publicaba en su cuenta de TikTok.
Los cuerpos de Cherres, Rivadeneira y Eduardo Amador fueron hallados, con señales de tortura, dentro de la sala de la vivienda que Cherres había alquilado desde enero pasado, justo cuando la Justicia dictó una orden de prisión en su contra.
En la parte exterior de la vivienda, en cambio, yacía el cuerpo del guardián Juan Ángel Perero, de 54 años.
Cherres figuraba entre los implicados en un presunto entramado de corrupción en empresas públicas que investiga la Fiscalía y donde también aparece Danilo Carrera, cuñado de Lasso, además de figurar en un informe de una investigación policial donde se le realizó un seguimiento por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La voz atribuida a este empresario se escuchaba en varios de los audios que difundió el medio digital La Posta para desvelar la presunta trama de corrupción que operaba en empresas públicas del sector eléctrico y petrolero del país dedicada supuestamente a colocar allegados en la administración pública y conseguir contrataciones.
El caso se denominó en un inicio «El Gran Padrino», por la presencia como supuesto líder del entramado del cuñado del presidente, y luego pasó a denominarse como caso «Encuentro», cuando la Fiscalía abrió una investigación al respecto.
Más tarde, el nombre de Cherres volvió a salir a la palestra en un informe de la Policía difundido también por La Posta donde figuraba entre un grupo de personas a las que los agentes le hacían un seguimiento con el objetivo de desarticular una posible red de narcotráfico.
Fruto de las interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de esa investigación se desveló la supuesta vinculación que Cherres había tenido con la campaña presidencial de Lasso en 2021.
Ambos casos fueron tomados por la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, para iniciar el procedimiento de juicio político al jefe de Estado, al considerar que supuestamente tenía conocimiento de la presunta trama corrupta.
Así, la oposición, que encabeza el correísmo (por el expresidente Rafael Correa), activó el proceso de juicio político contra Lasso por los presuntos delitos de concusión y peculado (malversación de fondos públicos).
Sin embargo, al ser revisada por la Corte Constitucional, este tribunal no aprobó el miércoles la acusación por concusión y solo dejó la de peculado, referente a unos presuntos contratos irregulares que se firmaron en 2018 y 2020 en la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), antes de que Lasso llegase al poder.
El juicio político ha sido rechazado de pleno por Lasso, que reivindica su inocencia y acusa a la oposición de intentar un «golpe de Estado parlamentario», con un proceso que, según el presidente, está lleno de pruebas falsas y «huele muy mal».
