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Dirigentes del Movimiento Revolución Ciudadana (RC) denunciaron que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) estaría impulsando la cancelación del registro de su organización política, lo que impediría a la agrupación participar en próximas elecciones, incluidos los comicios seccionales de 2027. Según representantes correístas, la medida se basa en supuestas irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña presidencial de 2023.
¿Qué denuncia el correísmo?
La denuncia del correísmo, hecha pública en redes sociales por asambleístas y figuras de la agrupación, indica que una supuesta sentencia del TCE cancelaría la inscripción de la Revolución Ciudadana y además suspendería los derechos políticos de su binomio presidencial de 2023, Luisa González y Andrés Arauz.
Según ese argumento, si se confirmara una cancelación de inscripción, la organización no podría participar en futuras elecciones, y sus líderes enfrentarían restricciones políticas.
Respuesta del Tribunal Contencioso Electoral
El TCE negó categóricamente que exista una sentencia o resolución de cancelación del registro de la Revolución Ciudadana. La comunicación oficial del Tribunal afirmó que el documento que circula en redes fue falsificado y que el contenido atribuido a una supuesta decisión de cancelación no coincide con los formatos, tipo de letra ni protocolos formales del TCE.
Además, expertos en derecho electoral consultados señalaron que la supuesta sentencia “ha sido totalmente alterada” y que se presenta con una **narrativa de victimización sin sustento en procedimientos reales del organismo electoral”.
Proceso en curso: cuentas de campaña 2023
La raíz del conflicto radica en una denuncia formal interpuesta ante el TCE por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en noviembre de 2025, en la que se cuestiona la presentación y justificación de las cuentas de campaña del RC correspondientes a las elecciones anticipadas de 2023, donde Luisa González y Andrés Arauz fueron binomio presidencial.
Un juez de instancia admitió esa denuncia y convocó a una audiencia para evaluar pruebas y alegatos, reforzando que el proceso todavía se encuentra en una etapa preliminar de trámite legal, no en la fase de decisión final.
También ha habido medidas procesales adicionales como la solicitud de registros migratorios y notificaciones personales de los acusados, lo que forma parte de la tramitación de la causa y no implica—por ahora—una cancelación automática del movimiento político.
Implicaciones políticas y electorales
Aunque no hay una decisión definitiva del TCE sobre cancelación o suspensión de derechos políticos, el tema ha generado tensión política entre sectores ecuatorianos, con el correísmo denunciando persecución política y otros actores señalando que el proceso se ajusta a los mecanismos legales establecidos para fiscalizar el financiamiento y gasto electoral.
El proceso judicial en el TCE seguirá su curso y cualquier determinación sobre sanciones o consecuencias políticas dependerá de la evaluación de pruebas, alegatos y cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa electoral ecuatoriana.
Actualmente, no existe una resolución oficial del TCE que cancele la inscripción del Movimiento Revolución Ciudadana ni que suspenda derechos políticos. La polémica se centra en un proceso electoral en trámite por presunta infracción en la presentación de cuentas de campaña, y la disputa entre versiones continuará a medida que el tribunal avance en la evaluación de la causa.
