La resolución de la acción de protección para evitar la suspensión y una posible destitución del cargo, que planteó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad deberá esperar su resultado, para el próximo 23 de diciembre a las 11:00.
Esto en medio de la confusión con la que se quedó la jueza a cargo del caso porque no obtuvo la respuesta del Gobierno: en dónde dice que se puede sancionar por 150 días de suspensión y cuál es la falta grave que configura esa sanción.
La jueza de la Unidad Judicial de Quito, Nubia Vera Cedeño cerró la sustanciación de la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad, en contra del Ministerio de Trabajo, su ministra Ivonne Núñez y una funcionaria Ruth Espinoza Avilés, por el sumario administrativo que terminó con la suspensión del cargo por 150 días porque en su función de embajadora por la paz en Israel no se trasladó a Ankara (Turquía), antes del 1 de septiembre y lo hizo ocho días después.
No obstante, Espinoza Avilés no ha asistido en las últimas dos audiencias, pese a ser la demandada ya que fue quien tramitó y firmó la resolución con la que se sancionó a Abad con la suspensión en el ejercicio del cargo por 150 días. A la diligencia, que se realizó en la unidad judicial de la Familia de Quito, asistió la Vicepresidenta y su equipo de defensa y un grupo de policías de la seguridad presidencial.
Al final de este acto aseguró que esta sanción es un acto persecutorio y que fue orquestado desde el inicio para “violar la sucesión presidencial”. En ese sentido, pidió a la jueza que acepte su recurso y evite que se sigan afectando sus derechos.
La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez intervino de forma virtual y se expuso a una interpelación. La jueza Vera dio paso a la última fase en el trámite de este recurso y dio la palabra a la accionante.
Sus abogados, Dominique Dávila y Damián Armijos, expusieron sus argumentos de defensa por más de una hora y pidieron que se acepte la acción. Se alegó que la suspensión por 150 días no está contemplada en ninguna norma que rige a los funcionarios del Estado.
