La reciente destitución de la jueza anticorrupción Gabriela Lara Tello, decidida por el Consejo Nacional de la Judicatura (CJ), ha generado un nuevo giro en el proceso judicial del denominado caso Triple A, al dejar incompleta la integración del Tribunal de Juicio de este importante proceso penal que investiga presuntos delitos relacionados con el almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles.
Qué ocurrió
El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió el pasado 24 de febrero de 2026 destituir a Gabriela Lara Tello junto con otro juez, Christian Quito Carpio, de sus cargos como jueces anticorrupción por una infracción disciplinaria que, según el organismo, comprometió la imparcialidad del servicio judicial en el marco del caso Fachada, una investigación independiente por presunta delincuencia organizada y tráfico de influencias.
Gabriela Lara era parte del Tribunal de Garantías Penales Especializado que debía integrar el Tribunal de Juzgamiento del caso Triple A. Su salida del cargo implica que ese tribunal queda faltante de un integrante, lo cual genera un vacío que debe ser resuelto mediante los mecanismos de designación correspondientes, como un nuevo sorteo de jueces para completar la terna.
Impacto en el proceso judicial
La ausencia de Lara en el tribunal significa que el Tribunal de Juicio del caso Triple A —que ya ha enfrentado postergaciones y complejidades procesales— quedará incompleto hasta que se designe un nuevo juez, lo que podría dilatar aún más el avance de la audiencia de juzgamiento.
Anteriormente, por ejemplo, la audiencia de juzgamiento de este caso había sido diferida en varias ocasiones, incluso por recursos procesales y cuestionamientos sobre la integración de la sala y la fijación de fechas.
¿Qué sigue para el Tribunal?
Para que el proceso continúe, la judicatura o la autoridad competente deberá completar la terna de jueces que conformarán el Tribunal de Juicio. Esto implica la intervención del sistema judicial para designar o sortear a un nuevo magistrado que reemplace a Lara y permita que la etapa de juzgamiento —ya programada con antelación— avance conforme a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
