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Este lunes, 14 de julio de 2025, el presidente Daniel Noboa envió al Registro Oficial la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas.
El proyecto se tramitó en la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente y fue aprobado con 80 votos, en segundo debate, en el pleno del Legislativo en la sesión n.º 017 del jueves 10 de julio.
La Ley de Áreas Protegidas busca establecer medidas económicas urgentes para garantizar el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La tercera norma urgente aprobada en la Asamblea Nacional, en este periodo, establece que el presidente de la República creará el Servicio Nacional de Áreas Protegidas como organismo público, técnico y especializado que ejercerá las facultades de regulación, control y sanción de las áreas protegidas, bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental Nacional y dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, con personería y personalidad jurídica propia.
Este sistema nacional será gestionado a través de un fideicomiso público, que se podrá nutrir de los siguientes rubros:
Las donaciones nacionales o internacionales
Los provenientes de préstamos
Los rendimientos de proyectos
Otros ingresos que se generen en el marco de las actividades realizadas en la gestión de áreas protegidas y que estén permitidas por el Derecho Público, como tasas, tarifas u otros mecanismos legalmente establecidos.
Asimismo, la ley dispone que para la gestión de las áreas protegidas, donde exista presencia de grupos criminales, se podrá solicitar la intervención de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, en cierta parte o toda el área protegida, de forma temporal hasta neutralizar la amenaza y restablecer las condiciones de normalidad.
En tanto, la normativa aclara que se deberá garantizar el cumplimiento del número 20 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla sobre la intervención militar en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
Entre otras cosas, la iniciativa plantea establecer un bloqueo a cualquier intento de privatización de las áreas protegidas; exoneraciones tributarias para vehículos eléctricos; y reforma la Ley de Integridad Pública, para que la edad de jubilación en el sector público se mantenga a partir de los 60 años.
