Luego de los resultados del pasado domingo 20 de agosto, cuando en una de las papeletas de las elecciones anticipadas se incluyó la pregunta de la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní, al gobierno de Ecuador la respuesta lo ponía en aprietos.
Y aunque la actividad extractiva se hace en una parte de una de las zonas más biodiversas del planeta, lo que implica reducir el impacto a la naturaleza y posiblemente a las comunidades indígenas que habitan el sector, el sí en la consulta genera un enorme hueco al presupuesto estatal que contaba con esos ingresos por lo menos para 20 años más.
En palabras del analista económico, Walter Spurrier, el resultado positivo en los votos sobre la causa ambiental, es muy grave, pero también añade que las autoridades no han dado el cálculo preciso del monto que se dejaría de percibir.
Spurrier también explica que la Corte Constitucional (CC), al parecer estuvo en contra del proyecto del ITT desde que empezó a tomar forma.
En el 2013, Petroecuador hacía los trabajos exploratorios para desarrollar el campo de extracción en el que el cálculo estimado de producción para el 2022 podía llegar a los 300 mil barriles, pero, «lo que sucedió después es que la CC no otorgó los permisos que permitan los trabajos, autorizando la intervención en sólo dos de las nueve plataformas previstas», afirma el analista Walter Spurrier.
El Bloque 43 ITT está a cargo de la petrolera estatal Petroecuador, que hizo las primeras inversiones a partir del año 2014.
Dos años después empezó la producción petrolera con una proyección que buscaba superar los 100 mil barriles diarios de petróleo, pero las metas no se han cumplido.
El campo reportó una producción de 52 626 barriles diarios de petróleo entre enero y julio de 2023.
Y ante la pregunta, ¿cuánto dejará de percibir el Estado? La respuesta tiene varias versiones. Desde la gubernamental, Petroecuador dice que los ingresos que se pierden bordean los mil millones de dólares anuales en promedio, que es lo que se ha conseguido desde los inicios, en 2016. Es decir, Ecuador ha conseguido 6 733 millones de dólares hasta la fecha con es campo petrolero, de los cuales, alrededor de 4 mil millones corresponden a utilidades.
Con la mirada en el futuro, se calculaba que el Bloque 43 ITT le generaría casi 14 mil millones de dólares al país para los próximos 20 años. Eso, en números anuales correspondía a 690 millones de dólares.
Para Walter Spurrier no se debe poner énfasis solamente a los ingresos en la parte fiscal como si eso fuese lo más importante o lo único importante. Explica que se trata de un negocio con ventas de más de mil millones de dólares que entraron a la economía como parte de las operaciones de Petroecuador, incluidos 50 millones que fueron a los municipios amazónicos, pero que lamentablemente se van a perder.
Ante las versiones de quienes dicen que sólo entran al fisco 500 millones de dólares, el analista explica que se trata incluso de mucho más que los 1 200 millones de los que habla Petroecuador, porque hay dinero de ese mismo negocio que entró para comprar combustibles a través de una cuenta separada y que no se incluye en el cálculo. “Si nos ponemos a ver el impacto de la economía, en el momento en que se reducen las ventas en 1 200 millones de dólares, la economía tiene que adecuarse para comprar menos al exterior, o sea, la economía se va a contraer”, menciona Spurrier.
Esto, independientemente del costo para el fisco, recalca. Dice que hay actividades que se van a dejar de hacer, pagos que se van a dejar de hacer, consumos que se van a dejar de hacer, empleos que se van a perder.
“El fisco cuando ve sus cuentas no calcula eso, únicamente ve cuanto deja de percibir. Es como si el día de mañana el país dejará de exportar banano y luego se fijara cuánto pagaban de impuesto a la renta las compañías exportadoras de banano y nada más. Entonces el impacto es brutal».
De lado de quienes promovieron el Sí en la consulta del domingo, se ha dicho que los cálculos por el abandono del ITT son de menos de 200 millones de dólares anuales en promedio, y que no son 1 200 como afirma Petroecuador.
Esa cifra está basada, entre otras cosas, en cómo baja el precio por barril de petróleo y las proyecciones hasta el 2030. También se habla de algunos costos operativos que hacen que ese crudo necesite un proceso adicional de reinyección de agua, traslados y otros costos que bajarían considerablemente el precio final de comercialización.
Para el colectivo ambientalista Yasunidos lo más grave es que la consulta llegó 10 años tarde. Se refieren a las gestiones que hicieron en 2013 cuando aún todo era solo un proyecto y la zona estaba intacta.
Los colectivos medioambientalistas recogieron más de 700 mil firmas para cumplir los requisitos exigidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, ese organismo anuló el mayor porcentaje y no dio paso a la consulta. Se explicó que la tinta de algunos bolígrafos no era la adecuada, que el diseño de los formularios tampoco era válido y hasta se cuestionó algunos nombres de los firmantes.
Así las cosas, Petroecuador dio inicio a los estudios y demás trámites para recibir las autorizaciones. Eso aseguró que se haga la millonaria inversión de alrededor de 2 mil millones de dólares en infraestructura.
Luego de lo ocurrido el domingo, también hay que sumar ese rubro a las pérdidas que el país deberá afrontar. Se tendrán que desbaratar 12 plataformas petroleras, tres torres de perforación y detener pozos en producción, con impactos al medio ambiente que resultarían significativos. A esto hay que incluirle la inversión en las vías de acceso que recorren 25 kilómetros de distancia hasta el sitio, y a que la zona debe quedar reforestada nuevamente. Todo en un año.
Y la sorpresa sobre estos resultados, que favorecieron a la naturaleza, versus los ingresos económicos de la actividad petrolera, pone en aprietos sobre todo al gobierno que está por venir que deberá vaciar, retirar y desmontar toda esa infraestructura por un costo aproximado de 467 millones de dólares.
Walter Spurrier explica que, si el gobierno lo acata y desvía dinero de otras actividades para desmantelar las instalaciones, va a tener que dejar de atender otras prioridades y se vendrá una crisis importante que pone en riesgo a la población. Además, comenta que se tiene que poner dinero para amortizar las inversiones que se hicieron y que ya no van a ser productivas, y por supuesto, dejar de percibir los ingresos del cuarto yacimiento de petróleo del país, el más joven de todos.
Petroecuador proyecta, adicionalmente, en 251 millones de dólares el costo de las compensaciones sociales que se deben hacer, en las que incluyen los empleos directos que se pierden por el cierre de las actividades.
