El concurso público de méritos y oposición para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado en Ecuador continúa su desarrollo en medio de cuestionamientos y tensiones internas.

Actualmente, la comisión ciudadana encargada del proceso evalúa los méritos de 28 postulantes, quienes superaron la fase de admisibilidad tras un total inicial de 75 inscritos.

Sin embargo, uno de los principales problemas detectados es la ausencia del delegado de la Corte Nacional de Justicia, representante de la Función Judicial, lo que ha generado preocupación sobre la legitimidad del proceso.

Además, persisten reclamos por parte de veedores y sectores de la sociedad civil, quienes advierten posibles fallas en la transparencia del concurso y cuestionan decisiones adoptadas durante la evaluación.

El proceso se encuentra en la fase de calificación de méritos, que tiene un peso de 50 puntos sobre el total. Posteriormente, los aspirantes deberán rendir un examen escrito (30 puntos) y una prueba práctica (20 puntos), antes de pasar por la etapa de impugnación ciudadana.

Incluso, el mecanismo utilizado para asignar la evaluación de carpetas —mediante un sistema tecnológico— ha generado polémica, ya que veedores consideran que podría existir injerencia en la selección.

La comisión tiene plazo hasta inicios de mayo para concluir esta etapa, en un proceso clave para definir quién liderará la Fiscalía en un contexto marcado por la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país.