Mientras pasa el tiempo las bandas delictivas se fortalecen y las extorsiones en Quevedo perjudican a más comerciantes. Algunos han preferido cerrar sus negocios antes que ceder a las exigencias de grupos delictivos.
Antisociales les ponen cuantiosas tarifas mensuales para “brindarles seguridad” o como “colaboración” con el grupo armado. La extorsión o cobro de ‘vacunas’, como se le conoce también, es un delito que afecta a varias localidades del país, donde incluso hay atentados con explosivos, como un medio de presión.
A través de su cuenta de Facebook los propietarios de Atlas Gym, un conocido gimnasio de Quevedo, hicieron público el cierre del negocio debido a las constantes extorsiones y amenazas que han recibido.
“Ponemos en conocimiento que por el momento Atlas Gym cierra sus puertas. Estamos siendo víctimas de extorsión, y siendo responsables de brindarles un buen servicio (…) que también incluye seguridad a nuestros clientes y equipo de trabajo, nos sentimos en la obligación de suspender nuestras actividades”, dice en parte del comunicado divulgado en redes sociales.
Los afectados indicaron que “volverán a abrir siempre y cuando les puedan brindar seguridad a sus clientes, caso contrario cerrarán de forma definitiva”.
En otra parte del texto, los dueños del gimnasio cuentan que hace dos meses les robaron el carro y no pudieron recuperarlo, porque no tenían recursos para pagar el valor que les exigían los delincuentes.
Lo expuesto por los propietarios de dicho negocio es uno de tantos de casos que viven los comerciantes de pequeños, medianos y grandes negocios de Quevedo.
“A los extorsionadores no les importa el tamaño ni el tipo de los negocios, su objetivo es obtener ganancias de quienes cedan a sus amenazas y extorsiones”, dicen los afectados.
En la mayoría de los casos, los delincuentes usan la fuerza y la intimidación como lo hicieron en febrero pasado con Pascual S. A él extorsionadores le dejaron un pasquín y una masilla (parte de un explosivo) debajo de la puerta principal de su vivienda, desde entonces el hombre no tiene calma.
La amenaza ocurrió en el sector el Desquite de la parroquia Viva Alfaro.
Según el reporte policial donde consta el testimonio de Pascual, de 49 años, él estaba en su casa, permanecía sentado junto a la mesa del comedor cuando vio la sombra de un hombre junto a la puerta de ingreso a su domicilio.
El extraño dejó por debajo de la puerta un papel, además colocó un bulto y se retiró rápidamente para evitar ser identificado.
Pascual caminó hacia la puerta y recogió el papel, era un pasquín donde lo amenazaban, quienes le escribieron se atribuían ser de la mafia y le pedían que “colabore” con la organización delictiva, caso contrario no se responsabilizaban de lo que podía ocurrirle a él o a su familia.
El bulto contenía un material que él nunca había visto antes, la Policía dijo que se trataba de una masilla para realizar explosivos.
Algo similar a lo que le ocurrió a Pascual, sucedió en la calle Abdón Calderón 21 y 22 de la parroquia Viva Alfaro. Ahí la víctima fue el sargento de Policía Luis M., cuando salía de su vivienda a realizar unas compras encontró, al ingreso, un taco de dinamita.
Pese a que la dinamita estaba con la mecha apagada, no fue manipulada hasta que llegaron agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
Otro caso ocurrió en la parroquia rural San Carlos. El propietario de un comercial agrícola hizo público el amedrentamiento y acoso de los extorsionadores.
Los delincuentes balearon su local, su carro y hasta el portón de su vivienda por negarse a pagar 10.000 dólares.
Al respecto, Darwin Guevara, quien fue en ese entonces jefe del distrito de Policía de Quevedo, refirió que esa es la forma de actuar de extorsionadores.
Lo hacen con la finalidad de intimidar a sus víctimas para pedirles dinero a cambio de una falsa protección o seguridad.
“Hay varias denuncias de extorsiones a propietarios de locales como farmacias, mecánicas, despensas, restaurantes. Negocios que generen ingresos diarios (…) muchos locales incluso han sido objeto de disparos”, contó Guevara.
Aseguró que están atendiendo los casos de quienes denunciaron. A ellos, dijo, se les coloca alarmas, ingresan al chat comunitario, realizan visitas periódicas, además de avanzar con el proceso investigativo.
La Policía informó también que hay quienes pese a ser víctimas de atentados y amenazas, por temor y desconfianza acceden a pagar el dinero solicitado por los extorsionadores y no denuncian.
Aquello ocurre con varios conductores de buses urbanos, quienes se han dejado intimidar y prefieren pactar con los delincuentes para poder “trabajar en paz”.
El monto que deben pagar los choferes varía, depende del sector o la ruta, por ejemplo, hay quienes afirman que en el sector Playa Grande la tarifa es de 5 dólares diarios.
Semanas atrás, la Policía detuvo a dos presuntos extorsionadores que estaban en las paradas de buses, uno fue capturado en la parroquia Venus. Se trata de Roberto P., quien estaba cerca de la estación de la línea 3-15; y otro en Playa Grande, Fausto Rafael G., alias el Gato Negro.
A este último como evidencia se le encontró una pistola, panfletos que decían “casa vigilada” y “cuidado con el gato”, esto en referencia a su sobrenombre.
Según la Policía, el Gato Negro era el responsable de cobrar las ‘vacunas’, y quien, a decir de los habitantes del sector, hasta les cerraba la llave de agua de paso, en caso de no pagar la extorsión.
“No solo le cobran a los taxistas y a los choferes de los buses, sino también a los vecinos, el valor por casa es desde un dólar, la cifra depende del ‘pato’’, señaló una habitante del sector, quien prefirió el anonimato por temor a represalias.
Ante las capturas de los dos presuntos extorsionadores, la Policía indicó que ahora las organizaciones delictivas reclutan a niños desde los 8 años, a quienes les han encomendado la tarea de realizar los cobros e incluso les disponen vender drogas.
“Ellos saben que los menores de 12 años no son imputables, por ello estos grupos delincuenciales reclutan a niños (…) esto se ve particularmente para los cobros a los transportistas”, expresó Darwin Guevara.
Sobre el cobro de ‘vacunas’ a los transportistas urbanos, Fernando Vera, presidente del gremio, dijo que denuncias nadie quiere asumir. Y aseguró que casi todas las rutas han sido víctimas de asalto y robo y por ende los conductores de los buses son los más afectados junto a los usuarios.
“Esto de las vacunas no es de ahora, es de hace muchos años, se ha dado la información requerida a la Policía”, sostuvo Vera aceptando que los conductores sí pagan vacunas y la tarifa varía, lo hacen ante el riesgo y amenazas que reciben.
En Quevedo circulan 190 buses que integran siete operadoras, todas en su momento han sido afectadas por la delincuencia.
