A más de 140 millones de dólares del Ministerio de Salud Pública (MSP) y más 85 millones de dólares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) asciende la deuda que tiene el Gobierno con las clínicas de diálisis de El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo, Pichincha, Loja, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, y Zamora Chinchipe; así como con las agrupaciones de pacientes renales de Guayas.
Estos pagos vienen atrasados desde junio de 2023, lo que hace insostenible la situación de las prestadoras externas de estos servicios, quienes mediante un comunicado de prensa dieron a conocer que hasta este jueves 25 de julio van a poder brindar atención a los pacientes derivados del MSP y del IESS.
Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, indicó que esta es una medida que “nos hemos visto obligados a tomar porque ya no se cuenta con los recursos para seguir dando el servicio, nuestros proveedores no nos dan más crédito y aunque queramos seguir brindando el servicio no podremos hacerlo más”.
Además, mencionó que ” pagando la deuda podemos continuar con los tratamientos que más de 22,000 pacientes lo necesitan, instamos al diálogo a las autoridades, habrían suspensiones del servicio a partir del viernes 26 y lamentablemente muchos pacientes morirán por esta medida pero, no tenemos el personal adecuado para realizar estos tratamientos porque no se les ha cancelado su sueldo”.
Freire recalcó que su posición ante la falta de pago no tiene nada que ver con la política, por ello no han salido a hacer protestas ni nada, solamente piden una acción oportuna y eficaz por parte de las autoridades.Señaló que el diálogo que han pedido con el Gobierno ha sido infructuoso hasta el momento, pues van a ser alrededor de 14 meses de deuda y no se obtiene una solución.
Sobre la posición gubernamental de que estas empresas privadas deben ser sometidas a una auditoría por la Contraloría General del Estado, Freire fue enfática al decir que están dispuestos a que revisen todo lo que hacen, pues su trabajo ha sido enfocado al bienestar de sus pacientes.Esto debido a que el tratamiento mensual por paciente es de 1.456 dólares, pero no solo se concentra en las alrededor de 12 o 14 sesiones mensuales de diálisis que reciben, si no que los usuarios también sometidos a chequeos y controles médicos con nefrólogos, nutricionistas, cardiólogos y psicólogos, exámenes periódicos, y los tratamientos para controlar la hipertensión y diabetes que también padecen los pacientes renales.
Según los estudios médicos, se estima que una persona entrará a recibir diálisis cuando solo le quede del 10% al 15% de la función de los riñones, por ello los familiares de pacientes renales exigen al Gobierno que se ponga al día con la deuda para que puedan seguir recibiendo el servicio de manera externa.
