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El proceso fue iniciado con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada, un delito que puede implicar penas privativas de libertad de hasta 10 años si se comprueba la participación en la red acusada.
Hasta el momento, diez personas han sido procesadas y detenidas, entre ellas Pedro Abril, quien fungía como director ejecutivo de la ANT y fue separado del cargo tras su vinculación al caso.
Desarrollo del operativo
La orden de detención y el operativo se ejecutaron tras una investigación iniciada en julio de 2025, a raíz de una denuncia recibida por la línea ciudadana 1800-Delito, que alertó sobre cobros indebidos por servicios que debían ser gratuitos o tramitados mediante canales oficiales.
Durante la acción, las autoridades realizaron 23 allanamientos en oficinas y domicilios vinculados a los sospechosos. En estas diligencias se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, cientos de licencias, teléfonos móviles, unidades de almacenamiento y dinero en efectivo, elementos que servirán como evidencia en el proceso judicial.
Situación judicial actual
En la audiencia de formulación de cargos, un juez dispuso prisión preventiva para nueve de los 10 detenidos, mientras que el restante recibió medidas cautelares, como presentación periódica y prohibición de salida del país, lo que refleja la gravedad con la que la Fiscalía trata el caso.
La instrucción fiscal —es decir, el tiempo en el que se recopilará y evaluará evidencia para avanzar con el proceso penal— se extenderá por 90 días, durante los cuales se indagará a fondo la estructura y el alcance de la supuesta red.
Impacto en servicios de la ANT
Tras el operativo, el ministerio del Interior ordenó el cierre temporal de las oficinas de la ANT a escala nacional por 30 días, afectando la atención de trámites como emisión de licencias, matriculación y otros servicios hasta que se definan medidas administrativas.
