El denominado Caso Encuentro vuelve a tomar fuerza en Ecuador. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), junto con la Superintendencia de Bancos, inició nuevas acciones de control enfocadas en los movimientos financieros de personas vinculadas a esta trama de corrupción.

Las autoridades confirmaron que se solicitó información específica al Banco de Guayaquil, debido a que varios de los implicados mantenían cuentas en esta entidad financiera y, además, formaban parte del gobierno del expresidente Guillermo Lasso.

El director de la UAFE, José Julio Neira, explicó que el análisis se centra en inteligencia financiera para determinar posibles irregularidades, incluyendo alertas de operaciones sospechosas y perfiles de riesgo vinculados a lavado de activos.

El requerimiento de información abarca el período comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2024, e incluye detalles como productos financieros, expedientes de clientes, sistemas de monitoreo transaccional y reportes de operaciones sospechosas.

Estas acciones se dan en el contexto del Caso Encuentro, una investigación que expuso una presunta red de corrupción dentro de empresas públicas, donde se habrían negociado contratos y cargos a cambio de beneficios económicos.

Entre los principales involucrados figura Danilo Carrera, cuñado del exmandatario, quien fue condenado por delincuencia organizada, así como otros actores que habrían operado dentro del aparato estatal durante ese periodo.

Además, las autoridades esperan la llegada al país de Hernán Luque, exfuncionario clave en esta trama, cuya extradición desde Argentina permitiría avanzar en nuevas diligencias judiciales.

Desde el Gobierno actual se ha cuestionado la falta de controles en la administración anterior para detectar posibles esquemas de lavado de activos, señalando que ahora se busca aportar información técnica a la Fiscalía para fortalecer las investigaciones.

Pese a estas nuevas acciones, las autoridades aclararon que la solicitud de información no implica, por sí sola, la determinación de responsabilidades penales, sino que forma parte de un proceso técnico de análisis financiero.

El caso vuelve a posicionarse en la agenda nacional, en un momento donde el país mantiene una fuerte presión institucional contra la corrupción y el crimen organizado, con nuevas líneas de investigación que podrían derivar en procesos judiciales adicionales.