El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) resolvió la noche del 1 de diciembre de 2023, remitir a la Unidad Técnica Legislativa la solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, planteado por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).
En un plazo de tres días, la UTL deberá remitir al CAL un informe -no vinculante- sobre el cumplimiento de requisitos (que la solicitud de juicio tenga 37 firmas de respaldo, y formulación de cargos). Culminado el plazo, el expediente volverá al CAL para decidir la calificación o no del juicio.
El Consejo de Administración está controlado por la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y Acción Democrática Nacional (ADN).
Si la solicitud de juicio contra la fiscal es calificada en el CAL, el trámite pasará luego a la Comisión de Fiscalización y Control Político que está presidida por Pamela Aguirre (RC).
La Mesa de Fiscalización también está integrada por los correístas Ronal González, Sofía Espín, y Lenin Barreto.
ADN está representado por Luis Alvarado; José Vela, de Centro Democrático; César Umajinga, de Suma, y Adriana García, del Movimiento Gente Buena.
El pedido de interpelación a la fiscal fue presentado el 27 de noviembre por la asambleísta Gissella Garzón (RC) argumentando, al menos 12 incumplimiento de funciones. (SC)
