Como parte del proceso de fiscalización que lleva a cabo el Asambleísta de El Oro al contrato de Consur por la construcción de la vía El Oro – Guayas, este lunes 18 de noviembre junto al Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de El Oro, presidido por su secretario general Jorge Granda y el prefecto Clemente Bravo, presentaron una solicitud en la Unidad Judicial Civil del cantón El Guabo para exigir el cumplimiento de la sentencia que ordena la suspensión del cobro del peaje El Garrido.
“Estamos exigiendo con este escrito que de forma inmediata se aplique la sentencia y se deje de cobrar el peaje El Garrido pues no existe ningún avance en la vía El Oro – Guayas, no vamos a detenernos en esta lucha por el respeto a los derechos de los orenses”, manifestó Ordóñez.
“Es ilegal que se cobre por un trabajo que no se está realizando”, afirmó Jorge Granda. Su postura fue respaldada por Clemente Bravo, quien señaló que la paralización de esta obra vial perjudica a toda la provincia. “No podemos permitir que los orenses sigan pagando por algo que nunca se cumplió”, añadió el prefecto.
El asambleísta Ordóñez también destacó que la falta de avances en la ampliación de la vía afecta gravemente a los transportistas y a la economía local. “El compromiso era que los trabajos continuaran, pero al no haber avances, el cobro es injusto e incumple mandato judicial” manifestó el asambleísta.
La vía Huaquillas – Tenguel, concesionada a la empresa Consur hace ocho años, debía ser ampliada a cuatro carriles como parte del compromiso asumido al reanudar el cobro del peaje. Sin embargo, los trabajos se encuentran paralizados, lo que ha generado malestar en la ciudadanía y reclamos de transportistas y autoridades, quienes consideran que pagar por un servicio no brindado es una injusticia.
Con esta acción, el Sindicato de Choferes busca no solo detener el cobro del peaje, sino también que se retomen los trabajos en la vía Huaquillas-Tenguel, una arteria clave para la conectividad y el desarrollo de la provincia de El Oro. Actualmente, el cuestionado contrato de la vía concesionada a Consur, se encuentra en arbitraje internacional y es fiscalizada por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, donde es miembro el legislador El Oro.