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La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió al procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, quien dialogó sobre el proceso de concesión del campo Sacha a un consorcio del cual participa la empresa Sinopec.
Explicó que no tiene facultad para ejercer el control previo de legalidad sobre los contratos que negocian las instituciones estatales. Con la vigencia de la Ley de Contratación Pública, se eliminó el control previo de legalidad como parte de las funciones de la Procuraduría. Solo puede pronunciarse sobre una posible cláusula respecto de arbitraje internacional o el sometimiento a una ley extranjera, una vez se ha negociado el contrato.
No ha recibido ninguna consulta en torno a la cláusula arbitral en un contrato sobre la concesión de un campo petrolero en particular.
Los representantes del Frente de Defensa Petrolero del Ecuador reiteraron que la concesión del campo Sacha, en los términos que se han dado a conocer por algunos medios, causaría una afectación a los intereses del país, por más de 1 600 millones de dólares. Anunciaron que solicitarán un acto urgente a través de la Fiscalía, para evitar que se pueda consumar esta concesión.
Fuente: Ecuavisa
