Guillermo Lasso lleva un año y nueve meses en el poder, desde su posesión el 24 de mayo del 2021. Cada vez que se agudizaba la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Gobierno recordaba que tiene la facultad de aplicar la muerte cruzada (disolución de la Asamblea Nacional), como mecanismo constitucional.
Pero es la Asamblea la que actuó primero con su objetivo de cesar en funciones al Presidente. Tras ocho meses del intento de destitución, en junio del 2022, el Legislativo ahora va por su segundo intento a través de un juicio político en ciernes, en medio de una coyuntura difícil para el Gobierno.
El informe borrador de la Comisión ocasional del caso Encuentro recomienda enjuiciar a Lasso, y será debatido este miércoles 1 de marzo.
Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explica que el intento de destitución y el enjuiciamiento político son figuras constitucionales diferentes.
«Pero sin duda en los dos casos hay intereses políticos de por medio, estamos hablando de procesos políticos” porque están a cargo de organizaciones políticas, añadió.
