El abogado defensor aseguró que, según las investigaciones, aproximadamente a las 23:00 horas del mismo día, las cuatro personas ahora desaparecidas habrían establecido contacto con un residente local, quien les facilitó un teléfono celular para comunicarse con uno de sus progenitores, incluso enviando su ubicación vía WhatsApp.

López señaló que una hora después, ante la llegada de una patrulla policial, el ciudadano que prestó el teléfono se refugió en su vivienda, alegando la presencia de motociclistas encapuchados que presuntamente pertenecían a “la mafia”.

Respecto a las prendas de vestir encontradas en la zona -una camiseta y un par de zapatillas- que podrían pertenecer a uno de los desaparecidos, López aclaró que esta información no ha sido corroborada y que las evidencias permanecieron bajo custodia de un coronel de Policía durante más de 26 horas antes de ser entregadas a la policía judicial.

El abogado defensor insistió en que sus representados han colaborado activamente con las investigaciones desde el inicio, proporcionando declaraciones a la Fiscalía General del Estado, presentando informes investigativos, guiando a los investigadores a los lugares exactos donde liberaron a los jóvenes y entregando voluntariamente sus teléfonos celulares para facilitar la investigación.

López indicó que los jóvenes aprehendidos fueron dejados en Taura porque estaban siendo trasladados hacia la unidad policial cercana a la base militar, pero que en el camino, ante el pedido de los aprehendidos, decidieron dejar en libertad.

Sobre las razones de abandonar a menores de edad en una zona alejada de Guayaquil, respondió que los aprehendidos no tenían documentación y no se identificaron por lo que no lograron determinar sus edades.

Los chicos tienen entre 11 y 15 años de edad, según sus familiares.

Mientras tanto, los familiares de los desaparecidos continúan realizando plantones exigiendo justicia y solicitando información que permita localizar a los menores, quienes llevan ya 15 días sin ser ubicados, en un caso que ha generado considerable atención mediática y preocupación en la sociedad ecuatoriana.

La investigación sigue en curso bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado, mientras crece la presión pública por esclarecer el paradero de los cuatro menores desaparecidos y determinar las responsabilidades en este controversial caso que ha puesto en el centro de atención el actuar de miembros de las Fuerzas Armadas.