Las autoridades son citadas para que informen sobre la presunta desaparición forzada de los menores de edad Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina en el sector Las Malvinas, en Guayaquil. La desaparición de los cuatro adolescentes habría ocurrido cuando salieron a jugar fútbol el pasado domingo, 8 de diciembre.

El caso cobró más notoriedad en las últimas horas, luego que el Comité Permanente de los Derechos Humanos de Guayaquil presentó una demanda de habeas corpus y pidió una acción urgente al grupo de trabajo de desaparición forzada de ONU.

Según las versiones de las familias de los chicos, hombres vestidos con uniforme militar los habrían abordado y luego se los llevaron en un vehículo en un supuesto operativo.

Desde entonces las familias no saben nada sobre el paradero de los jóvenes. Ellos ya realizaron la denuncia respectiva en la Fiscalía por la desaparición de los menores.

El Comité Permanente de los Derechos Humanos de Guayaquil está manejando este caso como una presunta desaparición forzada.

“Exigimos que urgentemente se investigue este hecho como una #DesapariciónForzada y no como un presunto secuestro. Existen evidencias suficientes para determinar una presunta participación de FF. AA. conforme lo señala el artículo 46 de la LOGJCC”, indicó el comité.

Además, pide que en todos los mecanismos de búsqueda de los cuatro menores el Estado debe asegurar la participación integral de los familiares y mantenerlos informados de cada indicio.

Esta instancia explicó que espera que el juez constitucional que conocerá el habeas corpus determine la existencia fáctica de una desaparición forzada y dictamine mecanismos de articulación y búsqueda respectivos.

De igual forma, espera que el juez constitucional disponga la investigación penal por desaparición forzada para procesar penalmente a los uniformados responsables de este hecho.

Ante esta situación, las Fuerzas Armadas informaron que se han ejecutado tres acciones. La primera es que se dispuso a unidades especiales apoyar en la búsqueda de los menores, en colaboración con la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional.

La segunda es que se han brindado las facilidades necesarias a la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo más pronto posible este caso.

Y la tercera es que se han iniciado medidas necesarias de este tipo de eventos, como la investigación interna entre los militares.