El año 2025 cerró con un incremento significativo en los asesinatos de mujeres en Ecuador, alcanzando 778 víctimas femeninas dentro de un total de 9 216 homicidios registrados, según datos preliminares recopilados por medios nacionales. Esta cifra representa casi un 50 % más de mujeres asesinadas que en períodos previos, según el balance publicado este lunes.

El fenómeno no se limita a casos tradicionales de violencia interpersonal: expertos en seguridad y analistas policiales han observado un cambio en el patrón de violencia contra mujeres, especialmente cuando están vinculadas de alguna manera con estructuras del crimen organizado. Sectores delictivos estarían buscando involucrarlas en roles administrativos, financieros o logísticos dentro de sus operaciones, una dinámica que las expone a riesgos elevados de violencia extrema y ejecuciones por disputas internas o conflictos con grupos rivales.

El contexto de violencia general en Ecuador ya venía siendo alarmante: el país cerró 2025 con cifras históricas de homicidios, superando los 9 000 asesinatos en total, lo que marca uno de los periodos más violentos de su historia reciente. La fragmentación y expansión de bandas criminales vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas —con enfrentamientos frecuentes por el control territorial— ha contribuido tanto al alza de homicidios generales como al riesgo específico para mujeres dentro de esos espacios ilegales.

Además del fenómeno criminal, otras fuentes señalan que gran parte de los asesinatos de mujeres en Ecuador están relacionados también con violencia machista y feminicidios en contextos íntimos o familiares. Por ejemplo, informes de organizaciones civiles como Aldea reportan que en 2025 sucedió aproximadamente un feminicidio cada 22 horas, con cientos de víctimas, muchas de las cuales ocurren en situaciones de violencia de género dentro del hogar.

Expertos en violencia de género han advertido que la intersección entre crimen organizado y violencia contra mujeres agrava aún más la crisis de seguridad, ya que las mujeres que se involucran —voluntaria o forzadamente— en actividades administrativas o financieras relacionadas con bandas están expuestas tanto a la violencia interna como a represalias de grupos rivales. Además, la alta disponibilidad de armas de fuego en contextos criminales incrementa la letalidad de estos hechos.

Este crecimiento en asesinatos de mujeres y niñas en Ecuador ha generado preocupación tanto entre organizaciones sociales como en la sociedad civil, que demandan mejoras en la prevención, protección y políticas públicas específicas para abordar la violencia de género y los riesgos asociados a la criminalidad organizada. La coordinación entre instituciones de seguridad, justicia y organismos de protección de derechos humanos se vislumbra como un desafío urgente para enfrentar esta crisis multifactorial.