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Un total de 43 concesiones mineras, que no fueron controladas, han ocasionado grandes problemas ambientales en la provincia de Napo; según un informe de la Contraloría General del Estado.
La Contraloría aprobó el informe del examen especial a la administración, control y seguimiento de concesiones mineras metálicas en Napo, por parte del Ministerio de Energía y Minas, entre enero de 2019 y septiembre de 2022.
La auditoría estableció que, debido a la falta de supervisión de las actividades extractivas artesanales de 43 concesiones, no se elaboraron informes técnicos sobre los pasivos ambientales que afectaron el suelo y la flora del lugar.
Según el examen de la Contraloría, 54 titulares mineros no presentaron los formularios de la declaración de impuesto a la renta o de régimen impositivo para microempresas. Además, se identificó que 12 áreas mineras no estuvieron registradas en el Sistema Único de Información Ambiental y 58 no tenían el Certificado de eventual afectación a cuerpos de agua superficial y subterránea.
La auditoría también señala que la Arcom no comenzó acciones administrativas en contra de seis concesionarios que no tuvieron planes de acción y determinación de daño ambiental.
En esas zonas se identificaron frentes sin rehabilitar, frentes de explotación abandonados, acumulación de agua sin tratamiento, áreas no reforestadas y actividades mineras antitécnicas, detalle el comunicado de la Contraloría.
