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Los nexos económicos y empresariales de alias “Marino”, identificado como cabecilla del grupo delictivo organizado Los Lagartos, permanecen bajo la lupa de los organismos de control y del sistema judicial, tras su asesinato ocurrido la noche del 7 de enero en una cancha deportiva de una urbanización de la isla Mocolí, en Samborondón. En el ataque también murieron dos de sus acompañantes.
A medida que avanzan las investigaciones, las autoridades han identificado que alias “Marino” mantenía participaciones en empresas de seguridad privada, importación y exportación, así como en negocios de comercialización de cacao y productos del mar. De algunas compañías se desvinculó años atrás, mientras que en otras figuraba aún como representante legal.
En el marco de este caso, se han ejecutado allanamientos en urbanizaciones de Samborondón y Guayaquil, con el objetivo de recabar indicios que permitan esclarecer el origen de sus recursos y posibles vínculos con economías ilícitas.
Respecto a eventuales relaciones con entidades públicas, José Luis Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), confirmó que alias “Marino” sí mantuvo un contrato con el Estado, aclarando que este se firmó en 2023, antes de la llegada de Daniel Noboa a la Presidencia.
El contrato fue suscrito con Hidroplayas y correspondía a un servicio de guardianía privada.
Rol de la UAFE y alertas por lavado de activos
Neira explicó que la UAFE forma parte de la red antilavado de activos y que su función principal es la supervisión y prevención del lavado de dinero, actuando con base en reportes de operaciones inusuales.
Sobre los bienes de lujo atribuidos a alias “Marino”, el funcionario indicó que la UAFE depende de que notarios y registradores de la Propiedad emitan las alertas correspondientes cuando detectan posibles irregularidades.
“Eso es algo que todavía tiene que mejorar el país; el notario es independiente de la UAFE y el registrador de la Propiedad también”, sostuvo Neira, quien consideró clave que estas instancias expliquen los trámites realizados en torno a propiedades y vehículos de alta gama, así como la fuente de financiamiento declarada.
Recordó que la Ley de Lavado de Activos, vigente desde 2015 y reformada en julio de 2025, no permite discrecionalidad y fortalece los principios de debida diligencia, transparencia e integridad, otorgando mayores facultades a la UAFE.
Cifras y acciones recientes
Neira reveló que en 2025 se triplicaron los montos reportados por operaciones inusuales a la Fiscalía, alcanzando $ 1.577 millones, cuando en años anteriores no superaban los $ 600 millones anuales.
En 2024 se reportaron $ 556 millones; en 2023, $ 693 millones; en 2022, $ 585 millones; y en 2021, $ 359 millones.
Además, en enero de 2026 se conformó un comité interinstitucional para diseñar la primera política pública antilavado de activos, con apoyo técnico de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos y de la Guardia di Finanza de Italia.
Investigaciones en curso
Las indagaciones continúan sobre los vínculos de alias “Marino” con su entorno y con empresas relacionadas. El 14 de enero, un allanamiento a una empresa de seguridad privada en Kennedy Norte permitió el decomiso de 201 armas, algunas con irregularidades, y la detención de cinco personas.
Paralelamente, en residencias de Samborondón se han levantado nuevos indicios que forman parte del expediente en construcción por parte de la Policía y la Fiscalía.
