Transportistas y gremios logísticos del sector fronterizo del Carchi realizaron una paralización de actividades y bloqueos de vías en protesta por las medidas arancelarias aplicadas entre Ecuador y Colombia, que han generado un fuerte incremento en los costos operativos del transporte de mercancías.
La movilización se llevó a cabo en diversos puntos estratégicos del cantón Tulcán y en sectores rurales de la provincia, donde los transportistas cerraron carreteras y suspendieron el movimiento de carga y pasajeros hacia la frontera con Colombia, como medida de presión al Gobierno para que atienda sus demandas relacionadas con los recientes cambios arancelarios entre ambos países.
Representantes del gremio denunciaron que el aumento de aranceles al 50 % impuesto por Colombia a productos ecuatorianos —y la respuesta simétrica de Ecuador— ha encarecido notablemente las operaciones de transporte internacional, impactando directamente en los ingresos y márgenes de las empresas de logística y transporte en la región norte del país.
Los manifestantes exigieron al Ejecutivo nacional y a las autoridades competentes la búsqueda de soluciones negociadas con el Gobierno colombiano, así como la implementación de medidas compensatorias que permitan reducir los efectos negativos de los aranceles en el comercio fronterizo y en la competitividad del sector transportista.
Durante la paralización, sectores de la provincia reportaron afectación parcial en la movilidad, con largas filas de vehículos en puntos de bloqueo y retrasos en el traslado de mercancías, lo que generó preocupación entre comerciantes y ciudadanos que dependen del tránsito fronterizo para sus actividades económicas.
Organizaciones de transportistas anunciaron que, de no recibir una respuesta satisfactoria, podrían mantener medidas de presión adicionales en los próximos días para visibilizar su situación ante autoridades nacionales y organismos de comercio internacional.
Las movilizaciones en Carchi se dan en el marco de una tensa disputa comercial entre Ecuador y Colombia, que comenzó con la imposición de la llamada “tasa de seguridad” por parte del gobierno ecuatoriano y la posterior respuesta arancelaria de Colombia, elevando gravámenes al 50 % sobre productos intercambiados entre ambos países.
Las autoridades locales y nacionales han convocado al gremio a mesas de diálogo para tratar la situación y evaluar mecanismos que permitan mitigar el impacto socio-económico de las medidas arancelarias en el sector del transporte y el comercio transfronterizo.
