En la sesión N.º 067 del pleno de la Asamblea Nacional, se generó una fuerte polémica entre la bancada oficialista de ADN y la Revolución Ciudadana (RC) después de que la legisladora Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, hiciera una advertencia irónica dirigida al bloque correísta durante el debate.
La sesión incluyó la aprobación de una resolución que pide celeridad a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en las investigaciones sobre el supuesto financiamiento irregular a la campaña electoral de la RC en 2023.
Durante su intervención, Jácome dijo a la bancada de RC:
“Pongan mucha atención en lo que declare el señor Alex Saab y el señor Leonardo Cortázar… y ahí les recomiendo que usen una buena pijama por cualquier cosa, y espero que encuentren una buena habitación en la Cárcel del Encuentro junto a Wilman Terán, a quienes ustedes salvaron”.
Estas palabras hicieron alusión a figuras vinculadas a procesos judiciales relacionados con financiamiento y lavado de activos, incluyendo a personas cuya información estaría por llegar al país para rendir versiones que podrían tener impacto en la investigación en curso.
Tras la intervención, la bancada de la Revolución Ciudadana, liderada por Juan Andrés González, rechazó enfáticamente estas declaraciones, calificándolas de irónicas, irrespetuosas y propias de una justicia politizada y subordinada al Gobierno del presidente Daniel Noboa Azín.
González consideró que las expresiones de Jácome no fueron solo un comentario desafortunado, sino una confesión implícita de la manipulación del poder judicial por parte de funciones ejecutiva y legislativa. Añadió que se evaluarán las acciones pertinentes ante lo ocurrido y que solo quien manejara información privilegiada “se siente con potestad de amenazar públicamente a una bancada entera”.
Estas tensiones se enmarcan en el contexto de investigaciones públicas sobre presuntos financiamientos ilícitos en campañas políticas, en particular el denominado caso de Caja Chica, donde se vinculan supuestamente miembros del movimiento correísta con aportes no justificados y recursos de origen extranjero, según denuncias presentadas ante la Comisión de Transparencia y al Tribunal Contencioso Electoral.
El bloque de RC ha catalogado estas investigaciones como persecución política, mientras que ADN y sus aliados sostienen que los procesos se realizan bajo la normativa vigente y buscan transparencia en la gestión política y electoral del país.
