En medio de una disputa comercial con Colombia derivada de la aplicación de un arancel del 30 % sobre las importaciones de productos colombianos a Ecuador, el Gobierno ecuatoriano acudió a los mecanismos institucionales de la Comunidad Andina (CAN) para defender sus derechos comerciales y de seguridad.
Según la Secretaría General de la Comunidad Andina, Colombia presentó una solicitud para que se califique como gravamen la tasa aduanera impuesta por Ecuador, y esa denuncia fue admitida a trámite por el organismo, lo que dará paso a un proceso de investigación para determinar si la medida ecuatoriana vulnera la normativa andina.
En respuesta, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó el 17 de febrero tres reclamos formales ante la CAN contra Colombia por supuestos incumplimientos de decisiones del Tribunal Andino de Justicia y con la intención de defender los compromisos asumidos por ambos países en el marco del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
El conflicto se intensificó después de que Ecuador adoptara desde el 1 de febrero de 2026 la tasa del 30 % sobre productos procedentes de Colombia por motivos de seguridad nacional y falta de cooperación por parte de Bogotá en temas de lucha contra crimen organizado transnacional. Bogotá, por su parte, también anunció medidas arancelarias recíprocas, y aunque algunas aún no se han implementado plenamente, la situación ha reducido el flujo comercial y encendido alertas entre transportistas y exportadores de ambos países.
La admisión a trámite de las denuncias en la CAN desencadena un proceso en el que el organismo regional evaluará si las medidas adoptadas por Ecuador y Colombia son compatibles con las reglas de integración económica andina, con el objetivo de determinar si se han producido violaciones de los acuerdos suscritos por los Estados miembros.
Este enfrentamiento comercial no solo ha encendido alarmas entre los sectores productivos de ambos países, sino que también ha llevado el conflicto al ámbito jurídico regional, con la CAN como árbitro clave en la resolución de disputas entre países andinos.
