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La Superintendencia de Bancos identificó a personas que usan alias, troll centers y expertos en hacer diseños y artes detrás de la información falsa que circuló el lunes 4 de agosto del 2025 sobre el supuesto cierre de una entidad bancaria.
Ese día el organismo de control alertó a la ciudadanía de imágenes manipuladas y mensajes que buscaban desinformar y afectar el sistema financiero. Y también puso la denuncia en la Fiscalía, porque el pánico financiero es un delito penado hasta con siete años de prisión, indicó este martes el superintendente Roberto Romero en entrevista con Notimundo.
La Superintendencia aseguró en un comunicado que el sistema financiero ecuatoriano a junio del 2025 tiene indicadores robustos:
- Índice de solvencia superior al 13 %, por encima del mínimo regulatorio del 9 %.
- Liquidez inmediata sobre el 21 %, lo que asegura la capacidad de atender cualquier requerimiento de depositantes.
- Morosidad del 3,2 %, reflejando una adecuada gestión de riesgos y prudencia en la colocación de créditos.
- Depósitos en crecimiento sostenido.
El incidente se presentó a propósito de la intermitencia en la aplicación móvil del Banco Pichincha. Y, en ese caso en particular, el superintendente ratifica que tiene indicadores muy buenos: es el más grande del país y uno de los más solventes de la región; la liquidez está por encima del 14 %, que “es suficiente para atender todas las necesidades de sus clientes” y por encima del mínimo regulatorio.
Por ello, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y asegura que los depósitos están garantizados.
“Yo viví la época en que hubo pánico financiero a finales de los años 90″, y su labor es asegurar que “no volvamos a sufrir lo que sufrimos en esta época”, comentó la autoridad.
El artículo 322 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero y las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Sobre el proceso administrativo sancionador abierto a esa institución por el tema tecnológico —no se pudieron realizar transferencias ni pagos por su canal digital—, el superintendente dijo que no se puede adelantar, sino seguir el proceso.
- Investigación de hechos por parte de la autoridad.
- Identificar la infracción de la cual es notificado el banco.
- Presentación de descargos en cumplimiento del debido proceso.
- Análisis de pruebas de cargo y descargo.
- Resolución con la determinación en el caso de incumplimiento, y aquí se define la gravedad de la infracción.
Las sanciones pueden ser económicas, el retiro del permiso de determinados servicios y hasta destituir a determinados funcionarios de la institución.
El lunes, el organismo de control se reunió con ejecutivos del banco para conocer los detalles técnicos y se solicitó que entreguen de manera formal documentos para que expliquen el plan contingente: “Sé que responde a una mejora, pero tienen que presentar un plan para que no se vuelva a repetir”.
Y señaló que se cayó la app, pero existían otros medios: los cajeros, lo corresponsales no bancarios, balcones de servicio. Y que si hubo colas fue porque fueron al cajero a sacar el dinero porque no lo podían hacer de forma digital.
“La institución es muy sólida, solvente. Tenemos informes de auditorías externas. Tiene todos los mejores indicadores financieros. De los seis o siete canales, falló uno”, indicó.
