El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó este lunes, 15 de diciembre, la muerte de quince personas privadas de libertad en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en el CPL Guayas N.º 1.
De acuerdo con la información oficial, los fallecimientos se registraron en un lapso de cuatro días, entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre. La entidad señaló que, hasta el momento, no se han determinado las causas de las muertes.
“Los hechos se encuentran en investigación bajo los protocolos correspondientes. Las causas oficiales serán determinadas por Medicina Legal”, indicó el SNAI a través de un comunicado.
Durante el fin de semana ya se había reportado de manera extraoficial la muerte de algunos reclusos; sin embargo, no se conocía la cifra exacta hasta la confirmación oficial emitida este lunes.
La Penitenciaría del Litoral se encuentra desde hace varios meses bajo la observación de organizaciones de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo, debido a reiteradas alertas por fallecimientos dentro del centro carcelario, algunos de ellos presuntamente relacionados con sintomatología asociada a tuberculosis y otras enfermedades.
En este contexto, días atrás un juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte aceptó de manera parcial una medida cautelar presentada por la situación en este reclusorio. En su resolución, la autoridad judicial declaró la vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad en aspectos como la seguridad jurídica, integridad personal, salud, alimentación, rehabilitación social y el derecho a cumplir su pena en condiciones dignas.
Como medida de reparación integral, el juez dispuso la instalación de una mesa de emergencia penitenciaria con la participación de varias instituciones del Estado y ordenó al Estado ecuatoriano establecer políticas públicas en materia de salud y rehabilitación social. Además, se determinó que el sistema penitenciario deberá contar con protocolos específicos para la atención de la salud de los internos, medidas que deberán implementarse en un plazo máximo de seis meses.
