En sus primeros intentos por recolectar información del caso Sinohydro, la Fiscalía acudió a la propia empresa china. En ese entonces se sabía que Sinohydro no había podido justificar ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) millonarios desembolsos en Panamá, a favor de la empresa Recorsa, por una supuesta consultoría. Entonces, la Fiscalía le pidió a la constructora china que entregue los sustentos de esos pagos, es decir, las facturas, el contrato y el informe de la consultoría.
Luego de un intercambio de comunicaciones, que duró alrededor de un mes y medio, Sinohydro fue tajante: entregar esa información suponía violar la Ley de Protección de Secretos de Estado de la República Popular China. Lo puso por escrito, el 17 de mayo de 2019.
Para sustentar su respuesta, Sinohydro adjuntó un memorando de diez páginas en inglés preparado por el estudio jurídico JunHe LLP, uno de los primeros bufetes privados chinos, domiciliado en Beijing. En este documento, que lleva en la cabecera un sello de confidencialidad, los abogados citaron e interpretaron trece cuerpos legales de China, entre leyes, reglamentos, normas y disposiciones administrativas: desde una resolución del Partido Comunista Chino hasta la Ley de Protección de Secretos de Estado.
JunHe LLP también argumentó en su informe que si la Fiscalía ecuatoriana quería esos documentos, debía pedirlos bajo el amparo de la Ley de Asistencia Judicial de China. Al respecto, la fiscal general, Diana Salazar, informó que sí solicitó una asistencia penal a la Secretaría de Administración y Justicia de ese país en julio de 2019, pero que no ha obtenido ninguna respuesta pese a haber hecho diez insistencias.
Sin embargo, el informe de JunHe LLP cita un artículo de la Ley de Asistencia Judicial que estipula que esos requerimientos se deben hacer por vía diplomática, en caso de que no haya un tratado de asistencia penal entre ambos países.
A propósito de esto, el estudio jurídico recordó que Ecuador y China suscribieron ese tipo de tratado el 12 de diciembre de 2018, pero que aún no entraba en vigor por falta de aprobación de las autoridades competentes. Ese acuerdo se firmó durante una visita oficial del entonces presidente Lenín Moreno a su homólogo Xi Jinping.
Hoy, Moreno es uno de los 37 procesados en el caso Sinohydro. La fiscal general, Diana Salazar, lo señala de haberse beneficiado de supuestos sobornos entregados por Sinohydro a cambio del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. El exmandatario ha negado esta aseveración.
Según Salazar, la casa matriz de Sinohydro transfirió alrededor de $ 76 millones a una cuenta de la empresa ecuatoriana Comercial Recorsa C. A. en el Banco Pichincha Panamá, y desde ahí se habrían repartido las posibles coimas. Esa cuenta fue abierta por Conto Patiño Martínez, amigo del expresidente Moreno y gerente de esa empresa.
La Fiscalía dirigió un primer pedido de información a la sucursal de Sinohydro en Ecuador, en marzo de 2019. Para entonces ya era público que esta constructora había declarado ante el SRI desembolsos por $ 18,4 millones a favor de la empresa panameña Recorsa S. A., relacionada con la ecuatoriana Comercial Recorsa.
La respuesta fue que la sucursal no tenía los documentos requeridos, pues el contrato se había realizado entre Recorsa y la oficina matriz de Sinohydro, en China. Explicaron que, a su vez, la matriz había emitido nuevas facturas por ese mismo monto a la sucursal en Ecuador, con el fin de cuadrar cuentas. Estas facturas sí fueron entregadas a la Fiscalía.
Los fiscales no se quedaron contentos con la respuesta. Días después, volvieron a insistir, pero la respuesta fue la misma: la sucursal no custodiaba esos documentos. Esta contestación la firmó Liu Aisheng, como apoderado de Sinohydro, quien hoy es parte de los procesados porque, según la Fiscalía, también se habría beneficiado de los pagos sospechosos.
En la tercera solicitud, los fiscales fueron más incisivos. Advirtieron, “bajo prevenciones de ley”, que la sucursal debía realizar las gestiones internas para obtener los documentos que estaban en manos de la casa matriz. Fue entonces cuando el apoderado especial de Sinohydro, Chen Xi, contestó que esa información constituía secreto de Estado y adjuntó el análisis realizado por JunHe LLP.
