Las Fuerzas Militares de Colombia realizaron una ofensiva conjunta aérea y terrestre contra posiciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los municipios de El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander, dejando siete presuntos integrantes muertos y una persona capturada, informaron autoridades.
El operativo incluyó la incautación de armas, explosivos, granadas adaptadas a drones y otros artefactos utilizados por la guerrilla, con el objetivo de “debilitar las capacidades logísticas y operativas del ELN y de la estructura 33 del GAOr”, organizaciones señaladas de participar en economías ilegales y enfrentamientos armados en esa región fronteriza.
Declaraciones de Gustavo Petro
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al bombardeo como el número 14 de este tipo en su administración, subrayando que las acciones se ejecutan con protocolos que incluyen el respeto a los derechos humanos y la protección de la población civil.
Petro también ha vinculado de forma explícita al narcotráfico con la violencia armada y la presencia de grupos como el ELN, señalando que estas economías ilegales financian la continuidad de la confrontación y dificultan el proceso de paz y seguridad. En reuniones recientes con congresistas de Estados Unidos, el mandatario advirtió que el narcotráfico colombiano se está desplazando hacia el sur del continente y utiliza los puertos de Ecuador como rutas de salida, algo que, según él, “convierte el problema en un reto regional” para países como Ecuador.
El contexto del ELN y la lucha antidrogas
El ELN (Ejército de Liberación Nacional) ha sido históricamente el segundo grupo armado ilegal más numeroso de Colombia, después de organizaciones como el Clan del Golfo. A diferencia de las antiguas Farc, el ELN no firmó un acuerdo de paz completo con el Estado, y los diálogos de paz iniciados en 2022 se encuentran suspendidos ante la intensificación de actos violentos y la persistencia de economías ilícitas ligadas al narcotráfico, reclutamiento forzado y control territorial en zonas como el Catatumbo, fronterizo con Venezuela.
La violencia en estas regiones, que combina enfrentamientos entre grupos armados, narcotráfico y disputas por rutas de tráfico, ha llevado al gobierno colombiano a implementar acciones militares, bombardeos y operativos específicos, así como a llamar a estrategias de “desnarcotización” a través de la sustitución de cultivos ilícitos, el desmantelamiento de rutas logísticas y la presión sobre estructuras criminales.
La dinámica del narcotráfico en Colombia no solo afecta al interior del país, sino que tiene impactos regionales, especialmente en países vecinos como Ecuador. Las declaraciones de Petro sobre rutas de exportación de cocaína hacia el sur y el uso de puertos ecuatorianos subrayan la necesidad de cooperación internacional en seguridad y control fronterizo, un tema que ha sido discutido también en encuentros con líderes de Estados Unidos para fortalecer la lucha conjunta contra estas redes criminales.
Además, la complejidad del problema —que incluye grupos como el ELN, el Clan del Golfo y otras disidencias— hace que las políticas de combate al narcotráfico y violencia armada sean una prioridad tanto para Colombia como para sus vecinos y socios internacionales.
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