La sentencia de 10 años de prisión contra el narcotraficante serbio Jezdímir Srdan y otras tres personas corre serio riesgo de no ejecutarse, tras la desintegración del tribunal que conoció el proceso penal. Decisiones adoptadas por el Consejo de la Judicatura han incidido directamente en este cuestionado desenlace, en una causa marcada por denuncias de presiones, amenazas y maniobras judiciales.

El caso se remonta al fallo oral emitido contra Srdan, durante el cual el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció haber recibido amenazas y presiones para favorecer al procesado. No obstante, una serie de actuaciones posteriores provocaron que el tribunal de juzgamiento quedara incompleto, comprometiendo la validez de la condena, que hasta la fecha no ha sido emitida por escrito.

La primera baja se produjo con la suspensión del juez Christian Fierro. El 2 de diciembre, el fiscal general subrogante Carlos Alarcón presentó una denuncia en su contra por una supuesta demora en el trámite del caso Triple A, en el que se procesa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Apenas dos días después, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió suspenderlo por 90 días.

La sanción se aplicó con base en una norma que castiga las demoras procesales, pero que, según especialistas, no está dirigida a jueces, sino a secretarios y otros funcionarios judiciales. Para la exvocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, se trató de una aplicación abusiva de la normativa.
“Abusando del derecho, acuden a una norma que solo se aplica a secretarios y otros funcionarios, no a jueces”, señaló.

A esta suspensión se sumó la renuncia presentada el 4 de diciembre por el juez Carlos Serrano. Aunque no fue aceptada formalmente, el magistrado abandonó el país por motivos de seguridad, tras denunciar amenazas. Con la salida de dos de los tres jueces que integraban el tribunal, la sentencia quedó en una situación crítica.

Según Goyes, la ausencia de una sentencia escrita podría acarrear la nulidad de la condena y de la disposición de comiso de los bienes del procesado.
“El hecho de que no exista sentencia por escrito va a acarrear, en el futuro, la nulidad de la condena y del comiso de los bienes de este señor vinculado con el narcotráfico”, advirtió.

En la causa por lavado de activos solo permanece la jueza Gabriela Lara, quien emitió un voto salvado a favor de declarar inocente a Srdan. Lara, además, ha sido vinculada al denominado caso Fachada, en el que presuntamente favoreció a dos hijos del cabecilla de la organización criminal Comandos de la Frontera. La jueza fue suspendida el 11 de junio, aunque regresó a sus funciones tres meses después.

La combinación de suspensiones, renuncias y decisiones administrativas mantiene en suspenso una de las sentencias más sensibles contra el narcotráfico en el país, mientras crecen los cuestionamientos sobre el rol del Consejo de la Judicatura y la fragilidad de los procesos judiciales en casos de alto perfil.