Este sábado 14 de diciembre se instalará la audiencia de formulación de cargos del caso Triple A, donde el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; sus dos hermanos, Antonio y Xavier; y otra veintena de personas y empresas son investigados por presunto comercio irregular de combustible mediante gasolineras y compañías vinculadas a los Álvarez.
Luego de cinco intentos fallidos, el juez Jairo García, de la Unidad de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, fijó la diligencia para este sábado y domingo. La audiencia se trasmitirá por YouTube a partir de las 09:00.
Además de los Álvarez, hay 16 personas y 10 empresas llamadas para esta audiencia, entre ellos seis aspirantes a la Asamblea Nacional.
¿Quiénes son?
Según el artículo 108 del Código de la Democracia, los candidatos no pueden ser procesados penalmente ni encarcelados desde el momento de la calificación de sus postulaciones hasta la proclamación de resultados. La Junta Provincial Electoral del Guayas ya ha calificado las candidaturas de los seis.
Uno de ellos es el director nacional del movimiento Reto, Raúl Chávez. Él fue concejal de Guayaquil. Dimitió este año para intentar llegar al Parlamento por la alianza Reto-Revolución Ciudadana. Durante su paso por el Cabildo porteño fue muy cercano al alcalde Aquiles Álvarez.
Otro de los implicados es José Franco, quien fue gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil. Renunció a ese cargo en julio pasado, tras el inicio del caso Triple A. Él busca ser asambleísta suplente por Centro Democrático.
Los otros investigados que aspiran llegar al Parlamento son César Bravo Ibáñez, Fernando Peñaherrera Benegas, Angélica Freire Guevara y Juan Daniel González Jurado.
Así como Franco, los tres primeros intentan ser asambleístas suplentes por Centro Democrático, mientras que el último quiere ocupar el mismo cargo, pero por el movimiento político Reto.
Las empresas indagadas
El caso Triple A también investiga las operaciones de las compañías: Compañía Fuelcorp S.A., Comercializadora de Combustible Corpalubri S.A., Gasolinera Guayaquil Gasquil S.A., Grupo Alva3 S.A., Bienpetrol S.A., Flonape S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A., Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A., Indudiesel S.A. y Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. Todas guardan relación con los Álvarez.
Este caso inició oficialmente en julio con allanamientos liderados por la Fiscalía General del Estado (FGE) a las instalaciones de la empresa Copedesa Gasgrupco S.A. en Guayaquil y Milagro. La investigación surgió tras una denuncia presentada por el entonces director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Franklin Erreyes, en la que se exponía un presunto comercio irregular de gasolinas.
En septiembre, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) suspendió el suministro de combustible a las estaciones de servicio de los Álvarez, pese a que no existe una resolución sobre este caso.
El alcalde de Guayaquil ha atribuido este caso a una retaliación política por parte del Gobierno de Daniel Noboa.
