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El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, afirmó que evaluará una eventual renuncia a su cargo una vez que concluya el juicio político en su contra, actualmente en trámite en la Asamblea Nacional de Ecuador. Godoy aseguró que “se tomarán las decisiones oportunas” al término del proceso, sin anticipar todavía una determinación definitiva al respecto.
Contexto del juicio político
El proceso en la Asamblea se centra en acusaciones de presunto incumplimiento de funciones, injerencia y presiones a jueces, especialmente tras denuncias presentadas por un exjuez anticorrupción que apuntan a conductas irregulares de la Judicatura bajo la dirección de Godoy.
Este juicio político fue impulsado por varios grupos parlamentarios y ha contado con respaldo en comisiones legislativas, lo que ha hecho que el procedimiento avance con atención pública y política.
Peticiones de renuncia y respaldo político
Antes de que comenzara el juicio político, sectores legales y políticos exigieron la renuncia de Godoy al cargo, incluido el Colegio de Abogados de Pichincha, que colocó carteles y demandó un proceso transparente por las denuncias que enfrenta el CJ bajo su dirección.
A pesar del escándalo, Godoy siguió en el cargo mientras la Asamblea Nacional tramitaba el procedimiento legislativo en su contra, lo que refleja la tensión política y jurídica que vive la administración de justicia en el país.
Qué viene para el proceso político
El juicio político contra Godoy ha sido calificado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y ahora la etapa de presentación de pruebas y descargos se encuentra activa conforme al calendario legal.
Godoy tendrá la oportunidad de presentar evidencia de defensa ante las acusaciones, y la Asamblea podría tomar decisiones institucionales clave una vez que concluya esta fase formal del proceso.
Mientras continúan las audiencias y análisis del juicio político en la Legislatura, Mario Godoy mantiene su cargo y evita dar por hecha una renuncia inmediata, aunque ha señalado que evaluará su decisión una vez concluida el proceso político. El desenlace de este procedimiento podría tener implicaciones importantes para la administración de justicia y la estabilidad institucional en Ecuador.
