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Ecuador y Colombia atraviesan un impasse comercial que ha tensado sus relaciones bilaterales después de la implementación de aranceles mutuos del 30% sobre importaciones provenientes del otro país, en un contexto que combina cuestiones de seguridad, cooperación fronteriza y déficit comercial.
El origen de la controversia se remonta al 1 de febrero pasado, cuando el Gobierno ecuatoriano, encabezado por el presidente Daniel Noboa, estableció una “tasa de seguridad” del 30% para las importaciones colombianas como respuesta a la percepción de falta de cooperación de Colombia en el combate contra el narcotráfico y la inseguridad en la frontera.
En reacción, el Gobierno colombiano anunció el 6 de febrero que publicaría un decreto para aplicar un arancel del 30% a más de 60 productos ecuatorianos que ingresan al mercado colombiano, afectando principalmente productos agrícolas, pesqueros, químicos y manufacturas.
Estas medidas han tenido efectos visibles en la economía bilateral. El comercio entre ambos países, que en 2025 fue significativo —con Ecuador como el segundo mayor destino de exportaciones no mineras de Colombia— corre el riesgo de contraerse si las tensiones persisten.
La primera reunión entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador y Colombia, celebrada en Quito el 6 de febrero, concluyó sin acuerdos concretos para poner fin al conflicto arancelario. No obstante, se acordó continuar el diálogo sobre temas pendientes como seguridad fronteriza y energía en encuentros futuros.
El impacto ya se siente en la frontera, donde asociaciones de transportistas han señalado aumentos en los costos de fletes de hasta un 40%, y se han celebrado protestas de camioneros y comerciantes que rechazan las medidas por sus efectos negativos en el flujo comercial diario, especialmente en pasos como Rumichaca, uno de los corredores terrestres más importantes para el intercambio binacional.
Además, sectores productivos de ambas naciones han advertido que los aranceles elevan los precios de productos básicos y generan incertidumbre para las empresas que dependen del comercio transfronterizo, mientras líderes políticos evalúan opciones diplomáticas para desescalar la disputa.
