La tensión institucional entre el Legislativo y la Función Judicial escala. Paralelamente a la convocatoria aprobada en el pleno para que Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), rinda un informe sobre los hechos de presunta injerencia denunciados por el juez anticorrupción Carlos Serrano, la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, confirmó que su bancada presentará una solicitud de enjuiciamiento político en su contra.
Veloz precisó que la acción legislativa también buscará extender responsabilidades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al considerar que dicho organismo habría desestimado las alertas y objeciones relacionadas con la probidad de Godoy, cuando integraba la terna enviada desde la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La legisladora sostuvo que el objetivo del proceso político será esclarecer las condiciones en que se eligió a los vocales del CJ y determinar si existieron presiones o acuerdos con el Poder Ejecutivo.
Desde la RC se espera ingresar formalmente la solicitud en los próximos días, pese al receso legislativo, y confían en que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la Comisión de Fiscalización no bloqueen su trámite. “El país merece transparencia. En ninguna democracia se puede admitir que quien dirige la Judicatura esté señalado por posibles vínculos con el narcotráfico”, afirmó Veloz.
El anuncio surge en medio de cuestionamientos a Godoy por presunta injerencia en una sentencia por lavado de activos vinculada al ciudadano serbio Yezdimir Srdán, condenado a diez años de prisión. Además, se filtraron documentos que ubicarían a la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, como parte de la defensa del procesado.
La controversia se amplificó tras la denuncia pública del juez Serrano, quien habría sido objeto de intimidaciones y presiones en el ejercicio de sus funciones. Serrano alertó que, tras recibir amenazas directas en audiencia, perdió su resguardo policial y finalmente dejó de asistir a su despacho por temor a represalias contra su familia, advirtiendo vulneración a su derecho al trabajo y a su integridad personal.
Con 142 votos, la Asamblea decidió convocar a Godoy para que explique presuntas irregularidades en actuaciones judiciales y otras competencias bajo su cargo. El llamado se cumplirá en los próximos días laborables, en un contexto de creciente presión política y cuestionamientos sobre la independencia judicial en el país.
