Un nuevo reporte de personas privadas de la libertad fallecidas se registró durante el fin de semana en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil. De acuerdo con informes policiales, al menos seis reos, con edades comprendidas entre 22 y 45 años, fueron encontrados sin vida en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1.
Personal de Criminalística realizó el levantamiento de los cuerpos, los cuales —de manera preliminar— no presentaban huellas visibles de violencia. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue para la realización de las autopsias correspondientes, cuyos resultados permitirán establecer las causas exactas de las muertes.
Ante esta situación, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que el sábado se reportó “una situación relacionada con el estado de salud de varios internos” en el reclusorio. Sin ofrecer mayores detalles, la entidad señaló que las instituciones competentes se encuentran ejecutando los procedimientos establecidos para este tipo de casos.
Este nuevo hecho se suma a otro ocurrido el 4 de diciembre, cuando el SNAI confirmó la muerte de cinco internos en la misma penitenciaría. En aquella ocasión, la entidad indicó que los cuerpos tampoco presentaban signos de violencia y que se presumía una posible relación con tuberculosis.
Contexto de alerta sanitaria y judicial
La Penitenciaría del Litoral se mantiene desde hace meses bajo la observación de organizaciones de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo, debido a reiteradas alertas por fallecimientos de internos, varios de ellos con síntomas respiratorios compatibles con tuberculosis.
Esta semana, un juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte aceptó parcialmente una medida cautelar presentada por la situación del centro carcelario. En su resolución, la autoridad judicial declaró la violación de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, entre ellos la integridad personal, salud, alimentación, rehabilitación y el derecho a cumplir la pena en condiciones dignas.
Como medida de reparación integral, el juez ordenó la instalación de una mesa de emergencia penitenciaria interinstitucional y dispuso que el Estado ecuatoriano, en un plazo de seis meses, implemente políticas públicas y protocolos específicos en materia de salud y rehabilitación social, con énfasis en la atención de enfermedades contagiosas dentro del sistema carcelario.
