Un eventual referéndum sobre el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador será luego de la segunda vuelta electoral presidencial, porque los plazos de trámite de la reforma constitucional no se ajustan al calendario electoral de los comicios generales.

Lo advirtió la asambleísta Gissela Garzón (RC), presidenta de la comisión ocasional que conocerá la reforma constitucional planteada por el Ejecutivo, quien dijo que recién el 5 de noviembre la Secretaría General de la Asamblea la notificó de la conformación de la comisión resuelta en el pleno; y que, junto con las actas de la primera sesión donde fue electa presidenta de la mesa, solicitará la designación de una secretaria relatora e inclusive que se asigne un correo electrónico institucional y un DTS.

Una vez cumplidos esos requerimientos, oficializará formalmente a los miembros de la mesa ocasional para que acudan a la primera sesión presencial de la comisión para avocar conocimiento de la propuesta del presidente Noboa, pero antes deberán esperar la notificación de la Secretaría General del Parlamento sobre la propuesta del Ejecutivo. A partir de ahí comienzan a correr los plazos.

La legisladora de la bancada correísta espera que los integrantes de la mesa realicen pedidos de información y comparecencias. Dijo que con la información que proporcionen los legisladores se establecerá un modelo de cronograma, y además consultará a la presidencia de la Asamblea Nacional para determinar si se adelanta o no el receso legislativo con base en la campaña electoral, en la que seis de los siete miembros de la comisión pedirán licencia en el mes de enero; en caso de darse el receso, se retrasará un mes más la presentación de los informes.

Aún no existe una fecha establecida para la primera sesión de trabajo de la mesa ocasional para conocer el planteamiento del Ejecutivo que se centra en modificar el artículo 5 de la Constitución, para eliminar la frase “No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

La única frase que permanecerá en ese artículo, según el planteamiento del Gobierno, es la siguiente: “El Ecuador es un territorio de paz”.

Garzón explicó que, si la próxima semana se avoca conocimiento de la propuesta del Gobierno, a partir de allí empiezan a correr los 60 días de plazo, es decir, noviembre, diciembre y los primeros días de enero de 2025; y, si se adelanta el receso legislativo, se estaría hablando de que el primer debate sería en febrero de 2025.

A partir del primer debate se deben esperar los 90 días que determina la Constitución para presentar el informe para segundo y definitivo debate; y con ello, señala la asambleísta Garzón, difícilmente coincidirá el referéndum con la segunda vuelta electoral, porque, una vez que se vote en el pleno, sobre el escenario que sea favorable, el Consejo Nacional Electoral tiene 45 días para convocar elecciones.

Incluso, añadió, si la Asamblea Nacional no se fuera a receso por la campaña electoral, no cuadran los tiempos con los 45 días.

“Este tema no debería ser motivo de campaña electoral, ni se podría incluirlo en la segunda vuelta electoral, porque los tiempos son claros en ese sentido. Y con la convocatoria de elecciones, el CNE ya tiene sus propios tiempos”, insistió Gissela Garzón.

La representante de la RC en Pichincha dijo que espera abrir un amplio debate en la Asamblea sobre este tema, para que sirva como oportunidad para conocer con más detalle, así que no hay apuro tampoco, y además se tiene que determinar si será simplemente un apoyo logístico y las condiciones.

El asambleísta Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye, dijo que la definición de que sea la Revolución Ciudadana la que lidere la comisión ocasional para tratar la reforma que permita el establecimiento de bases militares extranjeras en el país es una decisión sin duda alguna equivocada, porque hay que recordar que la Revolución Ciudadana fue la que precisamente decidió retirar la base de Manta en el año 2008 en el país; es decir, “estamos dándole el queso al ratón”, subrayó.

Peñafiel considera que hay un acuerdo entre la bancada de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano y cierto sector que operaba con el Gobierno nacional.

El legislador Rafael Dávila, del sector denominado independiente, aunque llegó al Parlamento por Avanza-SUMA, manifestó que el tema de la presencia de las bases militares extranjeras tiene dos posiciones bien definidas, y anticipó que será inevitable que desde la comisión salgan dos informes: uno a favor de la propuesta y el otro en contra de la reforma constitucional; por lo tanto, será en el pleno de la Asamblea que se resolverá.