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La tensión en la comunidad inmigrante de Los Ángeles aumentó tras una nueva redada de agentes federales, que sorprendieron a decenas de personas con una táctica encubierta denominada La Operación Caballo de Troya. La intervención, que terminó con la detención de 16 personas, se llevó a cabo a pesar de una orden judicial que prohíbe este tipo de operativos sin justificación en gran parte de California.
El operativo se realizó en el barrio de Westlake, cerca de MacArthur Park, una zona con alta concentración de población migrante. Según los reportes, los agentes se ocultaron en un camión de mudanzas de la compañía Penske y salieron de manera sorpresiva para detener a las personas que desayunaban o esperaban conseguir empleo. La compañía, por su parte, se deslindó del incidente, asegurando que desconocía el uso que se le daría a su vehículo.
Este acto generó una fuerte controversia, ya que un juez federal había emitido una restricción temporal que impide a los agentes de inmigración realizar detenciones basadas únicamente en la raza o etnia. A pesar de que la restricción fue ratificada recientemente, funcionarios de la administración del presidente Donald Trump mostraron una postura desafiante, argumentando que «aplicar la ley federal no es negociable».
Además, la administración de Trump informó sobre la construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes con antecedentes penales severos, con el objetivo de aumentar la capacidad de albergue de 60,000 a 100,000 plazas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que una base militar en Nueva Jersey podría albergar a detenidos y que se planea un nuevo centro en Indiana, similar a la polémica cárcel de Alligator Alcatraz en Florida.
Mientras las autoridades afirman que los operativos buscan a criminales, activistas y abogados de la comunidad migrante denuncian que se está engañando a la población y que estas redadas generan miedo y desconfianza.
