El Bloque de Seguridad tenía en la mira a Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal Los Lagartos, según confirmaron autoridades del Ministerio del Interior.
Semanas antes del crimen, en Samborondón se habían ejecutado allanamientos en una urbanización con el objetivo de capturarlo. La Policía Nacional seguía de cerca sus movimientos y lo había catalogado como objetivo de alto valor, de acuerdo con información oficial.
La noche del miércoles, alias Marino fue acribillado junto a otros dos sujetos en una cancha de una urbanización de la isla Mocolí, uno de los sectores de mayor plusvalía del cantón Samborondón. De acuerdo con el reporte preliminar, los sicarios dañaron la garita de ingreso, golpearon y amarraron a los guardias de seguridad, sustrajeron armas y luego ingresaron a la urbanización para perpetrar el ataque. Los cuerpos quedaron tendidos en la cancha del lugar.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó este jueves que alias Marino era investigado y que existía información de que habría intentado cambiar de estructura criminal.
“Estaría en conversaciones o cambiando de organización hacia Los Lobos”, señaló el funcionario.
Las otras dos víctimas fueron identificadas como Jefferson Sanlon Olivero y Richard Josué Mina Vergara. Reimberg indicó que los tres asesinados registraban antecedentes penales por tráfico de drogas, robos y asesinatos, y aclaró que no residían en la isla Mocolí, sino que se encontraban en el lugar como invitados.
La banda Los Lagartos opera principalmente en el sur de Guayaquil y es considerada una de las estructuras delictivas con mayor historial de violencia en el país.
Según registros oficiales, Stalin Rolando Olivero Vargas también estaba vinculado a una empresa de seguridad privada, registrada para participar en procesos de contratación y concursos de entidades públicas.
En su historial judicial consta que el 28 de enero de 2011 fue detenido por el delito de robo y sentenciado a seis años de prisión por el Primer Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena. Posteriormente, se acogió al régimen semiabierto, cumpliendo su condena bajo este beneficio. La extinción de la pena fue declarada en el año 2019, según el sistema judicial.
