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La provincia de Manabí, particularmente el cantón Puerto López, continúa enfrentando una crisis de inseguridad sin precedentes, caracterizada por ataques armados, masacres, secuestros y desapariciones, en un contexto de disputa territorial entre facciones del crimen organizado que debilita el control estatal en varios cantones costeros.
Desde finales de 2024 y en lo que va de 2026, Puerto López —conocido por su atractivo turístico— ha presentado hechos violentos que incluyen masacres y secuestros, en los que las autoridades han vinculado estos eventos a la pugna interna entre grupos armados organizados, particularmente facciones del grupo Los Choneros, por el control de las economías ilegales en la zona.
Los incidentes violentos recientes ocurrieron en diciembre y enero, con ataques simultáneos al malecón y otras zonas del cantón, que dejaron al menos nueve personas fallecidas y varios heridos, lo que provocó llamados de reforzamiento de seguridad por parte del ministro del Interior y mandos policiales, quienes desplazaron unidades adicionales para intentar contener la escalada de violencia.
Una de las escenas más impactantes fue el hallazgo de cinco cabezas humanas colgadas en una playa, un suceso que autoridades investigan en el marco de ajustes de cuentas entre bandas o castigos a presuntos extorsionadores, con advertencias que se dejaron en el lugar. Este hecho refleja la ferocidad del conflicto delincuencial y la ausencia de control estatal efectivo en zonas marítimas y costeras.
Expertos y fuerzas de seguridad han señalado que la violencia no obedece a crímenes aislados, sino a una fractura criminal profunda con disputas por rutas de narcotráfico, extorsiones y otros negocios ilegales en varios cantones manabitas, incluidos Manta y Portoviejo, donde se concentra gran parte de la violencia registrada en la provincia.
Autoridades policiales han admitido que la presencia policial permanente en estos cantones ha sido insuficiente, lo que ha generado vacíos de control territorial que las bandas han aprovechado para imponer sus economías ilegales y generar un clima de miedo y falta de seguridad ciudadana. En respuesta, se han reforzado operativos y se mantiene el despliegue de militares y policías en puntos clave, pero la percepción de seguridad entre la población sigue siendo frágil.
Además de la violencia directa, la situación de seguridad ha tenido impactos económicos y sociales en comunidades que dependen del turismo y la pesca. Operadores turísticos y pobladores han reportado pérdida de reservas y temor entre visitantes, lo que se suma a la preocupación de empresarios y residentes ante la continuidad de hechos violentos.
Organismos de seguridad y representantes del Estado han señalado que la coordinación entre instituciones y un mayor despliegue de recursos humanos y técnicos será clave para enfrentar la violencia, mientras que líderes comunitarios demandan políticas sostenidas que combinen prevención, inteligencia y reacción operativa para recuperar la tranquilidad en los cantones más afectados.
