Los dos proyectos termoeléctricos adjudicados a la compañía estadounidense Progen debieron estar operativos desde noviembre de 2024. Sin embargo, un año después, las obras permanecen en completo abandono, evidenciando el fracaso de una inversión estatal que supera los $ 108 millones.
En el oeste de Guayaquil, la central Salitral continúa paralizada. Bajo su cubierta metálica permanecen 29 generadores que debían aportar 100 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional, pero que siguen almacenados sin que ninguna autoridad retome el proyecto. Esto, a pesar de que el 16 de junio la entonces vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, aseguró que Celec asumiría la culminación de las obras.
“Hoy la empresa Celec EP tiene la capacidad de montar esas centrales de producción”, afirmó en aquel momento.
Seis meses después, no hay avances. En la termoeléctrica de Quevedo, que debía aportar otros 50 megavatios, la situación es idéntica: no hay técnicos, no hay trabajo y no existe un cronograma oficial para su reactivación.
Desde entonces, ni Celec ni la ministra de Energía, Inés Manzano, han entregado información precisa sobre el estatus de ambos proyectos, pese al millonario desembolso público. Lo único conocido es que, en julio, Celec denunció a Progen por estafa y delincuencia organizada. Sin embargo, cinco meses después no se conocen avances en las investigaciones.
Bajo este clima de secretismo, el Gobierno mantiene la responsabilidad de retomar las obras. La consultora Taxia realizó una inspección para levantar un informe técnico sobre las condiciones en las que fueron recibidos los proyectos. Aunque los reportes fueron presentados en septiembre, son confidenciales, pese a tratarse de una obra pública.
Hasta ahora, la única acción concreta es la ejecución de garantías por $30 millones contra Progen. Según determinó la Contraloría General del Estado, el Estado ecuatoriano se quedó con los equipos viejos como parte de este proceso.
Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Energía y Celec, responsables de la contratación y supervisión de estas obras fallidas, evitan dar entrevistas o entregar detalles sobre el caso, que se ha convertido en un tema incómodo para el Gobierno y una preocupación creciente para los ciudadanos ante la necesidad de fortalecer el sistema eléctrico nacional.
