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Este viernes 30 de mayo, la Asamblea Nacional tramitará en primer debate del proyecto urgente para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno cuyo informe aprobado por la mesa de Desarrollo Económico y según sus voceros tendría el respaldo no solo de los legisladores oficialistas, sino también de un sector de Pachakutik, del Partido Social Cristiano (PSC) y de los aliados.
El informe del proyecto tiene algunos cambios con respecto al texto que inicialmente remitió el Ejecutivo. La modificaciones tienen relación con la eliminación de las disposiciones del bloque de seguridad, zonas seguras, y medidas específicas. Por ejemplo, el allanamiento debe ser con orden de inteligencia o el indulto podrá ser dictado a partir de la finalización de la fase de investigación previa.
El proyecto de ley no solo busca el actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de manera reactiva, sino que incluso de forma preventiva al cometimiento de delitos que generan inseguridad.
En el informe se aclara que la aprehensión previa sería no solo para fines investigativos, si no también para comparecencia y se amplía el tiempo de aprehensión de 24 horas a 48 horas.
Además, se amplía el delito de crimen organizado. Ya no solo es para quienes participen. Si no también para quienes pertenezcan. También se incluye como actores del delito a quienes, sin formar parte del grupo armado organizado pero que colaboren permanente o esporádicamente con su operación, incluso con actos fungibles y secundarios como parte del tipo penal con penas de 20 a 26 años.
En el informe de primer debate se amplía de 15 a 90 días el tiempo para convocar la audiencia de juicio.
Respecto a las donaciones, se permite que éstas por parte del sector privado también pueden ser en bienes inmuebles.
La normativa busca crear un régimen jurídico especial que contemple medidas de carácter financiero y de seguridad, orientadas a la desarticulación integral de las economías criminales asociadas al conflicto armado interno. Su propósito es fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar de manera estructural estas amenazas, proteger a la población civil, preservar la estabilidad del sistema económico y financiero nacional, y fomentar procesos sostenidos de recuperación y desarrollo en las zonas más severamente impactadas por la violencia armada.
Los allanamientos por conflicto armado interno, estarán sujetos a control posterior del Juez Especializado en Delitos Relacionados con la Corrupción y Crimen Organizado, para lo cual, la institución a cargo del allanamiento deberá remitir el informe respectivo en el término máximo de 24 horas de realizado el mismo. El Juez Especializado en Delitos Relacionados con la Corrupción y Crimen Organizado verificará la legalidad de la actuación.
Para aplicar esta ley, el presidente de la República está obligado, mediante decreto, a identificar a los grupos armados organizados que participan en el conflicto armado interno y pudiendo disponer las medidas económicas y financieras necesarias para fortalecer a las fuerzas del orden y, proteger a la población civil y sus bienes.
