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La Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunciaron una expansión en la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la lucha contra el lavado de activos, delito frecuentemente asociado al narcotráfico y otras economías ilegales en Ecuador.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha señalado al narcotráfico como uno de los principales delitos generadores de recursos ilícitos en el país, estimando que entre 2014 y 2018 se lavaron más de $4.500 millones a través del sistema financiero.
Sujetos obligados ampliados
Con la modificación, proveedores de los sectores minero y energético ahora deberán reportar operaciones que puedan ser consideradas sospechosas ante la UAFE, sumándose a los más de 20.000 sujetos obligados que incluye bancos, entes financieros y otros actores ya establecidos bajo la normativa vigente.
El objetivo de esta medida es fortalecer los mecanismos de alerta temprana en transacciones que podrían estar vinculadas con actividades ilícitas, en particular aquellas que esconden ingresos provenientes del tráfico de drogas, contrabando u otras conductas delictivas.
Contexto judicial y operativo
Las autoridades judiciales también continúan procesos relevantes relacionados con estructuras de narcotráfico y lavado de activos. Entre estos destaca el caso de la organización criminal “Comandos de la Frontera”, vinculada en investigaciones por tráfico de drogas, armas y lavado de activos.
Este grupo, con presencia en las zonas fronterizas con Colombia, ha sido objeto de investigaciones y condenas significativas, con varios de sus integrantes recibiendo penas de cárcel por delitos de delincuencia organizada y lavado de activos.
¿Qué es la UAFE y su rol?
La UAFE es la entidad técnica ecuatoriana encargada de analizar e integrar información financiera y económica para detectar posibles hechos de lavado de activos o financiamiento de delitos, recibiendo reportes de los sujetos obligados bajo la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos. Estas obligaciones están establecidas en la normativa ecuatoriana y contemplan la presentación de reportes de operaciones inusuales o sospechosas que superen ciertos umbrales.
