Radio
El exasambleísta Santiago Díaz Asque, quien enfrenta un proceso penal por el presunto delito de violación sexual contra una menor de 12 años, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por la forma en que cumple su medida de prisión preventiva, al recibir traslados casi diarios a un centro médico privado, levantando dudas sobre un supuesto trato privilegiado en el sistema penitenciario.
Díaz, figura conocida del movimiento Revolución Ciudadana, permanece formalmente en prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito por el proceso que se le sigue desde julio de 2025, cuando la Fiscalía presentó cargos y la jueza ordenó su detención, con base en múltiples elementos de convicción recogidos en la investigación.
Sin embargo, en los últimos tres meses ha sido trasladado de manera recurrente a un centro de salud ubicado en Conocoto, donde su concuñado, Andrés Vinueza, funge como director, según documentos oficiales y múltiples testimonios. En ese establecimiento, Díaz pasa horas fuera de la cárcel, recibe visitas de familiares, almuerza, camina libremente y permanece bajo la vigilancia de agentes asignados específicamente a su custodia.
La defensa del exlegislador ha justificado estos traslados por tratamientos médicos continuos, argumentando que padece diversas enfermedades —como hipertensión, gastritis, malestar estomacal y males coronarios— que requieren atención especializada. Sin embargo, la abogada de la víctima ha expresado su indignación por el aparente trato diferenciado, exigiendo explicaciones tanto de las autoridades del sistema penitenciario (SNAI) como del Ministerio de Salud y la dirección de la cárcel donde debería cumplir la medida cautelar.
Díaz también ha figurado como informante de la Fiscalía en otros casos de alto perfil, como la investigación conocida como “Caja Chica”, que indaga sobre el origen de fondos en campañas políticas, lo cual ha contribuido a que su dispositivo de seguridad y movilización sea reforzado, incluyendo acompañamientos en tanqueta y escoltas policiales y penitenciarios.
El caso ha generado un amplio debate público debido a las implicaciones éticas y jurídicas de que un procesado por un delito grave, en prisión preventiva, reciba un tipo de traslado que no está al alcance de la mayoría de las personas privadas de libertad. Defensores de derechos humanos y organizaciones ciudadanas han cuestionado si estas prácticas ponen en riesgo la igualdad ante la ley y la credibilidad en el sistema de justicia penal, además de la percepción de que existen tratos privilegiados para figuras con conexiones políticas.
El proceso judicial en contra de Díaz continúa, y las autoridades han dicho que están obligadas a garantizar tanto la seguridad del imputado como el control estricto del cumplimiento de la prisión preventiva, aunque el uso reiterado de traslados a centros de salud seguirá siendo observado por sectores críticos de la sociedad.
