La relación comercial entre Ecuador y Colombia atraviesa uno de sus momentos más tensos en años, tras la imposición de aranceles y la denominada “tasa de seguridad”, medidas que han generado un impacto directo en las exportaciones ecuatorianas.

El conflicto inició cuando el Gobierno de Ecuador aplicó, desde el 1 de febrero de 2026, una tasa del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, argumentando falta de cooperación en temas de seguridad fronteriza. Posteriormente, esta tarifa se elevó al 50 % desde el 1 de marzo, intensificando la disputa comercial.

En respuesta, Colombia adoptó medidas similares, imponiendo aranceles recíprocos que también alcanzan hasta el 50 % para productos ecuatorianos, además de restricciones adicionales al comercio bilateral.

Este cruce de decisiones ha derivado en una especie de “guerra comercial”, cuyas consecuencias ya se sienten en la economía. Según estimaciones del sector exportador, las ventas ecuatorianas hacia Colombia podrían caer hasta en un 75 %, afectando especialmente a pequeños y medianos productores.

Además, los gremios advierten que las pérdidas alcanzan alrededor de 5,25 millones de dólares semanales en exportaciones, lo que evidencia el impacto inmediato de las restricciones comerciales.

El conflicto también ha alterado el flujo de mercancías. En febrero de 2026, las importaciones ecuatorianas desde Colombia cayeron más del 50 %, reflejando una contracción significativa en el intercambio comercial entre ambos países.

Pese a que el Gobierno ecuatoriano defiende la medida como una estrategia para equilibrar la balanza comercial —históricamente deficitaria para Ecuador—, sectores productivos alertan que la reducción del comercio podría afectar cadenas de abastecimiento, encarecer productos y fomentar el contrabando en la frontera.

Ante este escenario, organismos y gremios empresariales han insistido en la necesidad de retomar el diálogo bilateral para evitar una mayor escalada del conflicto, que no solo impacta a las economías de ambos países, sino también a miles de familias que dependen del comercio transfronterizo.