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Tras la entrada en vigencia de un arancel del 30 % a los productos colombianos que ingresan a Ecuador, la Policía de Colombia intensificó los controles en el Puente Internacional de Rumichaca, que conecta directamente a Ipiales (Colombia) con Tulcán (Ecuador).
Un piquete de más de 20 efectivos policiales realiza registros exhaustivos de vehículos y personas que cruzan desde territorio ecuatoriano, un procedimiento que no era tan común con anterioridad en este paso fronterizo.
Restricción de productos y comercio
Las autoridades colombianas no permiten el paso de productos ecuatorianos, incluso en pequeñas cantidades, algo que ha cambiado la dinámica tradicional del comercio binacional en este punto fronterizo.
La medida, que se toma en medio de las tensiones comerciales y de seguridad entre ambos gobiernos, también se relaciona con aranceles recíprocos que Colombia impuso a Ecuador, lo que ha impactado el flujo de transporte de carga y el comercio local en Ipiales y Tulcán.
Impacto socioeconómico
Transportistas, taxistas y comerciantes de ambos lados de la frontera han señalado que la actividad comercial ha disminuido hasta en un 50 %, afectando el sustento de quienes dependen del movimiento diario de personas y mercancías.
Conductores comentan que, debido a los aranceles, muchos tráilers cruzan vacíos o a menor frecuencia, lo que altera la economía regional que históricamente se basa en el intercambio transfronterizo.
Contexto bilateral y fronterizo
El Puente Internacional de Rumichaca es el principal paso terrestre entre Ecuador y Colombia, gestionando tránsito de personas y mercancías por la vía Panamericana.
Desde fines de diciembre de 2025, Rumichaca fue designado por ambos gobiernos como uno de los pocos puntos internacionales habilitados para el tránsito terrestre oficial, concentrando el control migratorio y aduanero en la frontera norte.
El reforzamiento de controles en este paso también ocurre dentro de un contexto más amplio de seguridad regional, donde ambos países han intensificado dispositivos policiales y migratorios para reducir el ingreso de personas buscadas por delitos o productos sujetos a fiscalización.
