A poco de cumplirse un mes del asesinato de Fernando Villavicencio, las investigaciones transcurren en medio de cuestionamientos en contra del abogado y exasambleísta Ricardo Vanegas, quien representa a tres familiares del fallecido excandidato presidencial y que ha planteado interrogantes sobre el suceso.
Vanegas defiende a Galo Valencia Gavilánez, Patricia Villavicencio Valencia y Selva Osorio Villavicencio. Son el tío, hermana y sobrina de Fernando, respectivamente.
A nombre de sus clientes, el abogado ha pedido a la Fiscalía que se realicen varias diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen ocurrido el pasado 9 de agosto.
Uno de los pedidos es que se efectúe la explotación de los celulares de quienes integraban el buró político de los movimientos Construye y Gente Buena, que auspiciaron la candidatura presidencial de Villavicencio. Dentro de ese grupo se nombra a Antonio López, Christian Zurita, Carlos Figueroa, Francisco Jácome, Christian Cevallos, Ramiro Orna, así como al jefe de seguridad, el coronel Wellington García, y el encargado de seguridad César Gonzaga
El pedido se extiende también para que se revise el contenido del teléfono celular de Martha Roldós.
“Señalamos que solicitamos estas diligencias para establecer datos importantes y quién de ellos llamó a Fernando Villavicencio Valencia e insistió que vaya al evento del colegio Anderson, así como para determinar si es que alguno de ellos tuvo algún contacto con los sicarios”, dice el escrito emitido el 5 de septiembre por el tío, hermana y sobrina de la víctima.
Martha Roldós, periodista y amiga de Fernando, reaccionó en redes sociales en contra de Vanegas calificándolo de “miserable”.
“Quienes eran parte de la campaña de Fernando saben perfectamente que yo no tenía nada que ver con esta y sus eventos. Me pregunto para qué quiere este señor (Ricardo Vanegas) mi celular”, expresó Roldós a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter).
Otro pedido que hicieron los parientes de Villavicencio a la Fiscalía, el miércoles 6 de septiembre, es que señale día y hora para recibir las versiones del ministro del Interior, Juan Zapata; del comandante de la Policía, Fausto Salinas; y del teniente coronel Santiago Martínez, director nacional de Seguridad y Protección.
Se busca que se pronuncien respecto de requerimientos realizados por el capitán de la Policía Christian Cevallos para dar mejor protección a Fernando Villavicencio.
La intención con estas versiones es determinar si el Estado, a través del Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía y la Dirección Nacional de Seguridad y Protección, adoptó las medidas suficientes y oportunas para proteger la vida del entonces candidato.
En la última semana, tras declaraciones de Vanegas en medios de comunicación, donde afirmó ser el defensor legal de la familia del excandidato presidencial, la madre de Fernando Villavicencio, Gloria Valencia, lo desmintió y lo desautorizó a expresarse en organismos judiciales, medios de comunicación y otras instancias.
La carta suscrita por Valencia fue compartida en redes sociales por el periodista Christian Zurita, amigo de Fernando y quien lo reemplazó como candidato en la contienda presidencial.
Zurita también ha sido crítico con los pronunciamientos de Ricardo Vanegas y ha señalado que difunde información descontextualizada sobre el crimen.
En una entrevista en Políticamente correcto, el 3 de septiembre, Zurita dijo que llamó personalmente a Vanegas para “que no utilice la información que posee, descontextualizando y acusando al equipo de Fernando Villavicencio”.
En entrevista con EL UNIVERSO, el abogado precisó que en ningún momento ha representado a la madre de Villavicencio u otras personas que no sean los tres parientes antes mencionados.
“Yo represento a tres personas, y solamente a ellas. Yo no puedo dar una opinión sobre alguna persona que yo no he representado nunca”, puntualizó al ser consultado sobre la carta de Gloria Valencia.
De las diligencias pedidas a la Fiscalía, Vanegas explicó que tienen que ver con lo que se conversa con la familia. Señaló que “la única finalidad es enriquecer el proceso de investigación y descubrir la verdad respecto a quién mató a Fernando”.
Que se debe revisar el sistema de rastreo satelital del vehículo blindado que debía movilizar a Fernando el día del crimen. Y también el teléfono celular del conductor, César Gonzaga, quien en su momento aseguró que aquel día estuvo a dos minutos de llegar al colegio donde fue acribillado Fernando.
En cuanto a las críticas que ha recibido, Ricardo Vanegas respondió que seguirá con sus investigaciones, porque “Ecuador necesita la verdad, caiga quien tenga que caer”.
De Christian Zurita dijo que no se pondrá ha discutir con personas que nunca han hecho derecho penal y no saben cómo hacer una investigación criminal. “Si ellos nada tienen que ocultar, ¿cuál es el problema?”, comentó el abogado acerca de los pedidos para que se examinen los celulares.
Por otro lado, adelantó que se prepara una demanda al Estado por presuntas omisiones en el cuidado de Fernando Villavicencio. La demanda se fundamentará en el artículo 11, numeral 9, de la Constitución, que trata sobre la responsabilidad del Estado en respetar y hacer respetar los derechos garantizados constitucionales.
Ricardo Vanegas, al igual que Fernando Villavicencio, fue asambleísta de la Asamblea Nacional disuelta con la muerte cruzada. Los dos formaron parte del autodenominado Frente Parlamentario Anticorrupción, que impulsó varias investigaciones sobre presuntos actos de corrupción.
